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Está al frente del Ministerio Público, que por definición constitucional debe representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado y por ello incluso tiene autonomía funcional y administrativa, para poder cumplir con sus deberes y atribuciones.
La Constitución Nacional impone que la fiscalía, como la conocemos popularmente, debe velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, promover las acciones penales públicas para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos así como los derechos de los pueblos indígenas, ejercer acciones penales de oficio y recabar información de los todos los funcionarios del Estado.
En resumidas cuentas debe perseguir crímenes y delitos para que no se genere la maldita impunidad como resultado.
La seguridad, esa que fue jerarquizada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow en su famosa pirámide como una necesidad humana básica, luego de las fisiológicas, depende en su aspecto vinculado a la vida y al patrimonio, de que el sistema de justicia funcione en un país. Y en nuestro caso es la fiscalía una de las patas fundamentales de nuestro sistema judicial.
No es poca cosa entonces lo que ocurrió el jueves pasado, cuando Emiliano Rolón Fernández asumió el cargo de fiscal general del Estado por los próximos cinco años.
Ya ese día realizó unas quince movidas administrativas de reasignación de fiscales adjuntos, y al día siguiente, en su primera jornada completa en el cargo, dispuso revocar todos los traslados temporales y comisionamientos a otras instituciones, no sin antes acusar a su antecesora Sandra Quiñónez de haberle tendido una trampa administrativa por la cantidad de nombramientos sin concursos, ascensos, recategorizaciones y asignaciones especiales solicitadas y otorgadas que iba encontrando, y que solicitó en carácter de informe al Ministerio de Hacienda para tener una idea acabada de lo que estaba heredando.
“Creo que no estaba pensando en la posibilidad de una sucesión que no sea de la casa. Por ahí estaba la apuesta y apuraron sin rigor todo lo que es copamiento de cargos” acusó el nuevo fiscal general, antes de enviar una nota a Hacienda para solicitar un informe de todo lo dispuesto desde diciembre del año pasado hasta hoy por la saliente Quiñónez.
Es de entrada interesante ver que lejos de tener una actitud conservadora y de ocultamiento de datos, el nuevo fiscal general haya expuesto parte de lo que fue encontrando, consciente también de que en caso contrario es una bomba que podría explotarle en la cara.
En lo administrativo Rolón comenzó a desenmascarar las maniobras de su antecesora.
Habrá que ver ahora cuál es su actitud con relación a lo jurisdiccional y a muchas causas que fueron denunciadas ante el Ministerio Público y que siguen acumulando polvo en sus escritorios.
Recuerdo que lo habíamos entrevistado en la 730AM en diciembre del año pasado, el día en el que fue ternado. En aquel entonces, el candidato a fiscal general nos decía que uno de los desafíos sería recuperar la credibilidad ciudadana hacia la institución y dar un golpe de timón para desactivar grupos internos que no se compadecen con la función que tiene la fiscalía.
Si bien se mostró excesivamente cauteloso para hablar de una complicidad directa con el crimen organizado, sí criticó la selectividad en las tomas de decisiones.
“Y eso es peligroso para una República, la justicia como valor es un acontecimiento que debe ser perceptible y creíble por su destinatario que es el pueblo” nos decía en aquel entonces.
Solo el tiempo permitirá contrastar sus discursos y promesas con los hechos, es entonces que una vez más debemos recordar aquella frase bíblica que nos recuerda que por sus acciones y omisiones podremos conocer al nuevo fiscal general.