Finca 66, una bomba de tiempo

El preocupante problema social relacionado con la ocupación de más de 600 hectáreas en Ciudad del Este se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo a lo largo de varios años. La situación se ha vuelto cada vez más insostenible, y lamentablemente, las autoridades no han abordado este asunto de manera seria y eficiente para encontrar una solución adecuada.

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Esta extensa área, conocida como la finca 66, alberga numerosos barrios densamente poblados como Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Mburucuyá, Carolina y Don Bosco, ubicados entre el lago Acaray y la Ruta PY02.

La finca 66 pertenecía a la empresa Bananera Paraguaya SA. Fue expropiada a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante la Ley 35/90. Sin embargo, surgieron títulos superpuestos, lo que desencadenó un caos jurídico y social.

La semana pasada se intentó llevar a cabo un desalojo en uno de los barrios afectados, lo que provocó la ira y la indignación de toda la comunidad. Durante estos incidentes, lamentablemente, varias personas resultaron heridas y se produjeron daños materiales significativos. Incluso, una mujer falleció de un infarto al presenciar la violencia que se desató.

Uno de los residentes afectados compartió su experiencia, señalando que desde que tiene uso de razón, ha sido testigo de desalojos violentos y ha vivido toda una vida marcada por la incertidumbre en su hogar.

Imagínese lo que implicaría vivir en la desesperación de que el pedazo de tierra en el que llevas toda una vida se te puede arrebatar en cualquier momento. Muchos son compradores de buena fe que con mucho sacrificio lograron acceder a un terreno.

Ahora bien, esto no es justificación para la violencia de parte de los pobladores, quienes son incitados por pseudodirigentes, que aprovechan cada operativo para incitar a los destrozos.

A lo largo de los años, varias autoridades municipales han ocupado sus cargos sin lograr encontrar una solución definitiva para esta problemática. La falta de acción y la complejidad de los problemas legales y sociales han perpetuado esta crisis, dejando a las comunidades afectadas en un estado de angustia y desesperación.

La necesidad de abordar este tema de manera urgente y efectiva es evidente, ya que se trata de un problema que afecta la calidad de vida y la seguridad de una gran cantidad de ciudadanos. De lo contrario este conflicto se seguirá agudizando y en consecuencia seguirá cobrándose la vida de inocentes.

tereza.fretes@abc.com.py

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