Cargando...
Aunque suene burdo, no se pueden comparar peras con sandías ni ponerlas en una misma canasta; ni los periodistas son defensores de nada, ni los defensores de DD.HH. son periodistas. Son profesiones distintas, por lo tanto, precisan medidas y abordajes distintos acordes a cada sector.
La discusión académica tuvo lugar en la Facultad de de Ciencias Humanas de Uninorte y durante la misma se puso en foco en que la naturaleza principal de este proyecto es cumplir con algunas de las disposiciones contenidas en la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. en el marco de la condena al estado paraguayo por el asesinato del Santiago Leguizamón, el 26 de abril de 1991.
Entre dichas disposiciones se encuentran, por ejemplo, la promulgación de una Ley de Protección a Periodistas, así como la asignación de un presupuesto para la instancia denominada Mesa para la Seguridad de Periodistas que viene trabajando articuladamente desde el año 2016. Pero en el proyecto presentado ante el Congreso no se contemplan estas cuestiones y se crean instancias desconocen el trabajo de la Mesa.
El Abg. Federico Legal fue un poco más allá sosteniendo que el proyecto se concentra excesivamente en la cuestión de la institucionalidad, creando una unidad bastante compleja: un mecanismo de protección que tiene una secretaría ejecutiva, una comisión de protección y cada uno tiene distintas atribuciones y funciones que son bastante amplias y podrían colisionar con disposiciones inclusive constitucionales.
Este proyecto se debe revisar, y no por “quedar bien” ante instancias internacionales promulgar una normativa que solo sirva de adorno o sea solo para enmarcarse en las formalidades. Finalmente, como periodistas debemos ser autocríticos porque no nos hemos involucrado lo suficiente dejando que instancias que nada tienen que ver con el periodismo, ni lo ejercen, nos impongan una ley para beneficiar a otros sectores.