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Tal mentira tiene el efecto, por eso hablo de mala fe, de confundir los términos de este debate y de proyectar en la opinión pública la idea de que los que nos oponemos al acuerdo somos unos dogmáticos “antieuropeos”.
Lo que se está discutiendo es otra cosa, muy distinta: La pretensión de la UE de hacer pasar como “condición” la cesión de nuestro poder legislativo y de nuestro poder de policía.
No es que quieren inspeccionar y certificar la trazabilidad del cuero, o de la carne, o de lo que fuera, como hacen EE.UU., Rusia o Israel. No. Quieren legislar sobre cómo debemos producir y tener policía sobre el proceso.
Hasta el momento en que estoy escribiendo este material, los términos del acuerdo que se está negociando permanecen secretos. No se han dado a conocer y lo único que tenemos son declaraciones de los involucrados paraguayos y los documentos marco de la Unión Europea.
Estos documentos marco son el Reglamento 1115 (R1115) y el “Documento de Acción sobre el Apoyo a la producción sostenible en Paraguay” (DA).
El artículo 34 del R1115 establece que “la Comisión” (poder ejecutivo de la UE) “presentará… una propuesta legislativa para ampliar el ámbito de aplicación del presente reglamento para incluir a… otros ecosistemas naturales (inciso 2)…también evaluará el papel de las entidades financieras a la hora de prevenir flujos financieros que contribuyan… a la degradación forestal… teniendo en cuenta cualquier legislación… pertinente existente (inciso 4)… al menos cada cinco años, la Comisión efectuará una revisión general del presente reglamento”.
El DA en su punto 4.3 precisa que “La Comisión velará porque se respeten los reglamentos y procedimientos de la UE pertinentes… inclusive los procedimientos de revisión… y el cumplimiento de la acción con las medidas restrictivas de la UE”.
Todo lo anterior es demasiado claro: La UE pretende que Paraguay firme un compromiso en el que sus condiciones son variables a su discreción, es decir se arroga poder de legislar sobre nuestro país, sin que nosotros podamos hacer otra cosa que obedecer por ser un “acuerdo internacional”, tal como hizo con la “Transformación Educativa”. Y, además, el poder de ejercer policía sobre ese cumplimiento.
La soberanía nacional, nuestra independencia, se concreta en que el poder legislativo en Paraguay pertenece exclusiva y excluyentemente al pueblo paraguayo y a nadie más (Arts. 2 y 3 de nuestra Constitución). Y si el gobierno y el Congreso ceden ese poder, “en todo o en parte”, simplemente violan nuestra Constitución y traicionan a la Patria.