Cicerón dijo que nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad.
La lectura cotidiana de los medios y la rutina diaria confirman una verdad dolorosa: en nuestro país reina un manto de impunidad que protege a los corruptos. Políticos y funcionarios públicos afines al poder de turno se benefician de un sistema que les permite desangrar el erario público sin temor a sanción.
La corrupción en nuestro país no es un accidente, es un sistema. Y ese sistema se sostiene gracias a un manto de impunidad que cubre a políticos, en particular a estos, funcionarios y operadores del poder. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica cotidiana que se repite con desfachatez: desvío de fondos públicos, programas sociales manipulados, sobrefacturaciones, compras innecesarias sobrefacturadas, recursos previsionales entregados a entidades financieras amigas del poder. Todo ello bajo la mirada complaciente —o cómplice— de quienes deberían sancionar.
La corrupción no es solo un delito económico: es un crimen social. Cada desvío de fondos significa menos alimentos en la mesa de los pobres, menos medicamentos en los hospitales, hoy día ya casi ni existen, centros educativos en calamitoso estado, menos oportunidades para los jóvenes.
La Constitución establece que jueces y fiscales deben administrar conflictos y recomponer la paz social mediante la ley. Sin embargo, lo que vemos es a sus operadores debilitados, capturados, convertidos en garantes de la impunidad. Las herramientas legales existen, pero se guardan bajo llave cuando los responsables son cercanos al poder o directamente aplican lo de los tres monos sabios “no ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal”. El Ministerio Público y los órganos de control son el fiel reflejo de estos monos, pero no por sabios sino por su selectividad: veloces contra los críticos, pero inmóviles, ciegos y mudos frente a las ilicitudes de los poderosos convirtiéndose en guardianes del silencio, legitimando la corrupción con su inacción y blindando a quienes deberían ser investigados, traicionando la misión que la Constitución les confiere: velar por la legalidad y proteger al pueblo. Cada omisión fortifica el manto de impunidad, convirtiendo la corrupción en norma y la transparencia en mera retórica.
La impunidad viola derechos fundamentales: salud, vivienda, educación, seguridad. Es la burla institucional que convierte al corrupto en intocable y al ciudadano honesto en víctima. Es el blindaje que otorga el poder a sus aliados coyunturales porque siempre son oportunistas y circunstanciales, mientras la sociedad se hunde en el atraso y la desigualdad. El pueblo paga impuestos, pero los beneficios se desangran en manos de amigos, parientes y obsecuentes.
El manto de impunidad es la verdadera enfermedad de la República. Mientras no se rompa ese blindaje, sin acciones concretas cualquier discurso sobre transparencia será mera retórica, palabras vacías que encubren la corrupción. Es que la transparencia no se mide por declaraciones, sino por sanciones efectivas y gestión limpia de los recursos públicos. Mientras el manto de impunidad siga protegiendo a los corruptos, cualquier discurso será un simulacro. La retórica sin justicia eterniza el engaño y deteriora la confianza ciudadana. Solo la ruptura de ese blindaje devolverá credibilidad a las instituciones. La corrupción se perpetúa porque el castigo nunca llega. La sociedad necesita jueces independientes, fiscales valientes e instituciones que respondan al pueblo, no al poder menos al mafioso. Romper el manto de impunidad es condición indispensable para reconstruir la dignidad pública.
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