No es la primera vez que una autoridad intenta relativizar la gravedad de la inseguridad. En reiteradas ocasiones, representantes del Gobierno respondieron a la ola de violentos y millonarios robos, muchos de ellos con víctimas fatales, comparando la realidad paraguaya con la de países que atraviesan situaciones mucho peores. Ese razonamiento es un grave error. Si la referencia siempre será quien está peor, jamás existirá un verdadero incentivo para mejorar. Lo lógico sería aspirar a los países más seguros y no conformarnos con la idea de que “podríamos estar peor”.
Particularmente en Alto Paraná operan peligrosas organizaciones criminales que, desde hace años, ejecutan asaltos a bancos, transportadoras de caudales, depósitos y viviendas. No se trata de hechos aislados ni de delincuencia común, sino de estructuras criminales con alto poder logístico y armamentístico. Ante esta realidad, el gobernador, como máxima autoridad departamental, no puede intentar tapar el sol con un dedo ni minimizar la gravedad de lo que ocurre.
Las víctimas de robos, desde el empresario que pierde millones hasta el trabajador que es despojado de su motocicleta o de su teléfono celular, merecen al menos empatía por parte de las autoridades. La seguridad pública no puede medirse únicamente por el monto de lo robado, sino por el daño que esos hechos provocan en las personas y en la confianza de toda una sociedad.
Cada asalto deja en Alto Paraná la sensación de que las organizaciones criminales siempre van un paso adelante. También reflejan debilidades del sistema de inteligencia, prevención y respuesta del Estado. Por eso, la ciudadanía espera mucho más que discursos tranquilizadores.
En el caso de los megaasaltos, recién ahora la Policía Nacional intenta dar una respuesta a una problemática que lleva años creciendo. Pasaron casi diez años desde el megaasalto a Prosegur en Ciudad del Este, hecho que marcó el inicio de una sucesión de robos de gran envergadura en la región.
El gobernador debería estar golpeando la mesa y exigiendo respuestas firmes frente a una criminalidad cada vez más organizada. Porque minimizar la inseguridad no hace que desaparezca; por el contrario, solo aumenta la distancia entre el discurso oficial y la realidad que viven cada día los ciudadanos.
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