El paso del tiempo va apagando las esperanzas. La falta de noticias fortalece la dolorosa sospecha de que muchos de ellos habrían perdido la vida. Sin embargo, tanto desde ambos países involucrados como desde la Secretaría de Repatriados la información sigue siendo escasa. El hermetismo predomina cuando es tan necesaria la claridad.
Las historias de los actores se parecen mucho entre sí. Personas de extracción humilde, cargadas de deudas, que vieron en esta guerra la oportunidad de ganar un dinero que aquí les resultaba imposible conseguir. Se comenta que, además del salario de unos 5 mil dólares mensuales, también estaría de por medio un contrato de indemnización para la familia en caso de fallecimiento. Sobre esto, no existen aún documentos respaldatorios.
Quizás a ese mismo contrato se deba en parte este silencio. Puede que incluya cláusulas que prohíban divulgar su contenido bajo pena de perder los beneficios prometidos. Es solamente una hipótesis, pero justamente por todo el secretismo que rodea al tema, es que crecen las dudas mientras las respuestas no aparecen.
Un par de días atrás, el antiguo patrón de uno de estos compatriotas relataba que el mismo era oriundo de San Pedro, con esposa e hija, y que había trabajado para él como peón de estancia. Imposible escuchar ese relato sin pensar en las carencias que debieron empujar a este hombre a asumir tantos riesgos.
También es inevitable preguntarse cómo funcionan estas contrataciones. Si son, de hecho, acuerdos laborales para ir a combatir en una guerra, ¿por qué sabemos tan poco? ¿Dónde se ofrecen? ¿Quiénes reclutan? ¿Quién controla una actividad tan delicada como esta?
Porque no es lo mismo emigrar para trabajar en Argentina o España que poner el pecho a las balas en batalla. A España se puede viajar con el riesgo de ser deportado. Estos desaparecidos ya partieron luego con la posibilidad -muy real- de no regresar. E indigna pensar que nada se hizo para advertirles, orientarles o incluso desalentarles de tomar esta decisión bajo necesidad.
Ahora, urge conocer la situación de cada uno de ellos. Saber quiénes siguen con vida y quiénes, lamentablemente, ya no volverán. Y si existen cuerpos esperando ser repatriados, el Estado tiene el deber moral de hacer todo lo posible para traerlos a casa. Porque descansar en la tierra que los vio nacer es el mínimo tributo que estos desheredados se merecen.