La eventual condena del esperpéntico exlegislador por el delito de haber utilizado un título falso de abogado para acceder al cargo no será, lamentablemente, una reparación adecuada ni justa, sino más bien desviará la atención sobre los demás responsables del despropósito que constituyó su designación.
Los antecedentes de impunidad son varios. El más terrible, por tratarse de un asesinato, es el caso de Rodrigo Quintana, en el que el cartismo también operó en la Justicia para que solo fuera condenado quien ejecutó el crimen y echara un manto de silencio sobre los responsables.
Hasta ahora no sabemos quién o quienes dieron la orden a los policías de ingresar en un recinto privado, como era la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, disparando a matar. La situación política de entonces evitó el juicio político que debería haberse impulsado contra el presidente de la República, en ese entonces Horacio Cartes.
Hay otros varios ejemplos de hechos o decisiones que constituyen un patrón que se repite de utilizar el poder para beneficio personal o político. Los más habituales: nombramientos en cargos de familiares, operadores y aliados políticos, licitaciones amañadas para otorgar negocios a grupos económicos vinculados con funcionarios importantes.
No siempre se respetan los caminos institucionales. En general se trata al menos de simular que se apegan a las reglas democráticas, aunque no siempre. Si hace falta, se atropella sin problemas.
Si un despropósito o una conducta delictiva de algunos del equipo sale a la luz, casi siempre se procura salvarlo aunque cuando el personaje no es tan importante (como Rivas) o si la cuestión es insalvable, se le suelta parcialmente la mano, aunque no del todo, como son los casos de autoridades vinculadas con el crimen organizado.
La impunidad con la que se manejan y el hecho que hayan copado varias instituciones desanima a quienes desean vivir en democracia.
Pero no hay más alternativa que recurrir a las herramientas que da esa misma democracia para poner freno a quienes se creen dueños del país y que, por ahora, se burlan de la ciudadanía.