24 de septiembre de 2026
El caso de María Fernanda Benítez deja una herida que difícilmente podrá cerrarse para su familia y para toda una sociedad que siguió con indignación cada etapa del proceso. Una joven perdió la vida en circunstancias que conmocionaron al país y hoy, después de un largo proceso judicial, llega una condena contra quien era adolescente al momento del crimen.
La justicia paraguaya vuelve a quedar bajo un enorme cuestionamiento con el caso del asesinato de María Fernanda Benítez, un crimen que conmocionó no solamente a Coronel Oviedo, sino a todo el país por la brutalidad con la que actuaron los responsables y por el dolor que sigue soportando una familia que hasta hoy continúa esperando respuestas concretas.
El diputado Rodrigo Gamarra, vicelíder de la bancada cartista en la Cámara de Diputados y “padrino político” del precandidato a intendente de Luque Hugo “Hugui” Farías (ANR-HC), no se molestó en disimular. En un acto político reciente, micrófono en mano y frente a sus seguidores, lanzó una advertencia directa y descarada contra la fiscala Sophia Anatolia Galeano Gavilán, quien imputó a Aida Aquino de Farías, madre del candidato.
La “justicia” paraguaya asestó un golpe severo a la ya menguada confianza ciudadana en el sistema judicial. Con el voto en mayoría de los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría (mientras José Agustín Fernández votó en disidencia), el tribunal dictó el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas (ANR, cartista) en la causa por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. El argumento central utilizado fue la prescripción del delito principal, lo que arrastró consigo la imposibilidad de juzgar el delito accesorio.

“...enviar gente de investigaciones y apretar”, ordenó el extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes el 7 de agosto de 2024 al actual director de Policía de Amambay, comisario Ignacio Muñoz. La orden era para un caso particular en el cual se hacía referencia a un error en un giro de dinero, según los chats filtrados de uno de los teléfonos del fallecido legislador. El jefe policial cumplió con el mandato y detuvo en cuestión de horas al que supuestamente recibió la transferencia. Las conversaciones revelan que el Ministerio Público también intervino en el caso.