En las últimas elecciones se dio una interesante dinámica de alternancia en algunas ciudades del departamento, principalmente en Ciudad del Este, donde, luego de más de dos décadas, un clan familiar fue desplazado del poder municipal.
No se puede desconocer que esto significó un aire de cambio importante para la ciudad, especialmente porque quedaron atrás algunas prácticas arraigadas en distintas dependencias de la comuna, muchas de ellas marcadas por cuestionamientos y un fuerte tufo de corrupción, por las cuales, por cierto, nunca hubo consecuencias a la altura de las denuncias.
Así como tampoco se puede pasar por alto que el nuevo grupo político también tiene fallas y comete errores, algunos de ellos importantes. Lastimosamente, falta una actitud de autocrítica y existe resistencia a reconocer esas deficiencias cuando son señaladas por la ciudadanía o por los medios de comunicación.
El cambio político, por sí solo, no garantiza una mejor administración. Cambiar de autoridades debe significar también elevar las exigencias, fortalecer los controles y hacer que la gestión municipal responda de manera más efectiva a las necesidades de la población.
Los ciudadanos no deberían conformarse simplemente con que determinadas prácticas del pasado hayan quedado atrás. Quien asume una función pública tiene la obligación de demostrar, con hechos, que los recursos municipales son administrados con responsabilidad pensando en el interés colectivo.
También es necesario entender que señalar las falencias de una administración no significa necesariamente defender a la anterior. La ciudadanía tiene derecho a cuestionar. La crítica y la fiscalización son herramientas fundamentales para evitar que el poder termine convirtiéndose nuevamente en un espacio sin controles.
Por eso, quienes resulten electos hoy deberán demostrar que son capaces de administrar con transparencia, corregir cuando sea necesario y escuchar las críticas sin asumirlas como ataques políticos.
No podemos aceptar menos ni retroceder en materia de saneamiento, transparencia, control y calidad de la gestión pública. La vara debe subir, independientemente de quién ocupe el poder.
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