De acuerdo al relato de los afectados del cual se basa fiscalía para la acusación, a medidos de la década del 2000, el empresario alemán Nikolai Neufeld adquirió una importante extensión de tierra ubicada entre los departamentos de Caazapá e Itapúa. Luego adjudicó parte de las tierras a unas 200 familias que emigraron a aquella región para fundar una colonia modelo.
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Sin embargo, presuntamente Neufeld nunca entregó los títulos de propiedad a las familias y encima supuestamente nombró a Willy Weber como apoderado para manejar sus negocios en Paraguay; sin embargo, el documento no le autorizaba a vender las propiedades de su empleador.
Luego, supuestamente con la complicidad de la escribana Cabañas comenzaron a vender importantes lotes de las tierras adquiridas por Neufeld, inclusive el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) habría pagado una millonaria suma por la compra irregular de una parte del terreno en mención.
Finalmente, Willy Weber y la escribana Cabañas fueron procesados por los supuestos hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. El caso fue elevado a juicio oral y público el 20 de octubre del 2020 y desde esa fecha han logrado evitar la realización de la audiencia pública en cinco oportunidades.
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;Más de lo que dice la acusación
Según la acusación del Ministerio Público, Weber consiguió el 5 de enero de 2012 un poder general amplio de Neufeld para que intervenga en los asuntos administrativos, comerciales y judiciales del colono.
Weber, a su vez, el 20 de marzo de 2013 otorgó un poder general amplio a Marcos Andrés Ibarrola Montiel, por el cual se incluyeron puntos específicos como la venta y transferencia de diferentes inmuebles que no estaban incluidos en el poder original de Neufeld. Este trámite fue realizado por la escribana Cabañas, dice la acusación.
Tanto Weber como la escribana presentaron una serie de incidentes para el sobreseimiento definitivo y la nulidad del procedimiento en la audiencia preliminar. Sin embargo, el juez penal de Garantías de Fernando de la Mora, Atilio Rodríguez Britos, ordenó la apertura del juicio oral y público contra los dos mencionados.