La detención del abogado Diego Raúl Lansac Gómez por una causa de presunta sextorsión no es el único proceso judicial que enfrenta. En paralelo, pesa sobre él otra orden de captura vinculada a una condena firme por incumplimiento del deber legal alimentario.
La fiscala Ruth Benítez, quien interviene en la causa por sextorsión, confirmó que el profesional es requerido también en el marco de este proceso.
Según explicó la representante del Ministerio Público, el abogado había sido beneficiado con la suspensión de la ejecución de la pena, condicionada al pago de la pensión alimentaria. Sin embargo, al no cumplir con lo establecido, el juzgado resolvió revocar dicho beneficio y ordenar nuevamente su captura.
La decisión fue tomada por el Juzgado de Ejecución Penal de Central, tras constatar reiterados incumplimientos.
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Una causa que arrastra desde 2016
El caso se remonta al 2016, cuando su expareja lo denunció por falta de pago de la pensión para sus tres hijas. Aunque ambas partes acordaron un monto, este no fue cumplido.
En 2021, la Justicia lo condenó a dos años de cárcel con suspensión de la pena. Además de la pensión mensual de G. 7 millones, debía abonar una deuda acumulada de G. 79.803.163, fraccionada en cuotas mensuales cercanas a G. 11 millones hasta marzo de 2026.
Pagos irrisorios y nuevos incumplimientos
A pesar del acuerdo judicial, el abogado volvió a incumplir. Incluso, durante una intervención anterior, se constató que realizaba transferencias mínimas, con montos que oscilaban entre G. 15.000 y G. 50.000.
Estos hechos derivaron en una primera detención en noviembre de 2023, aunque posteriormente recuperó su libertad bajo nuevas condiciones que tampoco respetó.
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Ante un nuevo incumplimiento, la jueza María Lidia Wyder revocó en mayo la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Meses después, en agosto de 2024, se concretó otra detención en cumplimiento de esa disposición.
No obstante, tras alcanzar un nuevo acuerdo, Lansac volvió a obtener libertad, aunque reincidió en el incumplimiento.
Orden de captura para cumplir condena efectiva
El 6 de enero pasado, el Juzgado Penal de Ejecución de Central ordenó la captura inmediata del abogado para hacer efectiva la condena de dos años de prisión.
La resolución fue firmada por el juez Víctor Manuel Benítez, luego de que un Tribunal de Apelación anulara una disposición previa que impedía ejecutar la pena.
El magistrado dispuso que, una vez detenido, el condenado sea trasladado a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde deberá cumplir su condena.
Asimismo, se ordenó comunicar de inmediato su ingreso para el cómputo de la pena y la elaboración de un informe técnico criminológico en un plazo de 45 días.