El controvertido proyecto de ley presentado por colorados y opositores el cinco de marzo del 2020 fue reflotado por los diputados e incluido últimamente en el orden del día en medio de la lluvia de denuncias sobre supuestos hechos de abuso sexual ocurridos en instituciones educativas del país.
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La norma establece que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 25 años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigido a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros”. Además de los hasta 25 años de edad, y luego de cumplir la pena privativa de libertad establecida, “será aplicada la castración química de por vida, como medida de vigilancia, según establece el Artículo 72° en su inciso 2° de esta ley”.
En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado en marzo del 2020 indica los alarmantes datos proveídos por el Ministerio Público, que informó que de enero a octubre del año 2019 se registraron 2.669 causas ingresadas por abuso sexual en niños, aumentaron en relación al año anterior. “El año 2018 culminó con 2.608 causas relacionadas a abuso sexual en niños. El promedio actual de víctimas menores de edad por este delito es 12 por día”, según mencionaron los proyectistas.