¿Protección por cargos?: Unos G. 9.590 millones al año cuesta el blindaje cartista a festín en Itaipú y EBY

Sin atisbos de decencia, varios congresistas que tienen a sus parientes ubicados con millonarios salarios en Itaipú, a cargo de Justo Zacarías, y en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), presidida por Luis Benítez, fueron los que votaron en contra de dos iniciativas (impulsadas en paralelo en Senado y Diputados) para buscar transparentar el uso de los gastos sociales de las represas binacionales, que al año rondan los US$ 670 millones.

Esto explica la “fanática” y hasta “violenta” defensa que realizaron legisladores al festín que viene perpetrando este gobierno de Santiago Peña con dichos fondos, ya que utilizan las binacionales para evadir los controles estatales (de Contrataciones Públicas y Contraloría) para llevar adelante millonarias licitaciones presuntamente sobrefacturadas y/o direccionadas.

Entre la veintena de casos, la defensa de la jefa de bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed, era más que obvia, ya que su esposo, Justo Zacarías Irún, es el presidente del lado paraguayo de Itaipú, que además de cobrar G. 154.518.450 al mes, es quien lidera las cuestionadas licitaciones en connivencia con el gobierno de Peña.

Sin embargo, también hay que recordar que su hijastra Natasha Zacarías también está ubicada en Itaipú, con un salario de G. 27.163.000.

Por otra parte, la presunta reacción violenta de la diputada cartista Cristina Villalba, alias La Madrina del Norte, contra una funcionaria de Diputados cuando se debatía el plan de transparencia encuentra mayor sentido desde el momento en que se sabe que su hija, Silvia Abente Villalba, cobra en Itaipú G. 30.565.800.

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Otro que tiene “millones de razones” para votar obedientemente es el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, cuya esposa, Iris Magnolia Mendoza, cobra al mes G. 149.190.233 como directora jurídica de Itaipú.

Unos G. 714 millones al mes

No hay que ser muy despierto para suponer que esos millonarios salarios para sus familiares vienen aparejados a la condición de defender la negativa del Gobierno a transparentar el manejo de esos fondos, que son utilizados como la “caja chica” del cartismo.

De más está decir que si alguno de aquellos “osara” tener algún atisbo de patriotismo y afán de transparencia, inmediatamente sus familiares podrían ser “castigados”.

Lo peor es que este presunto esquema de “apriete consentido” o moneda de cambio es financiado por todos los ciudadanos, ya que tomando solo los casos más visibles, mensualmente el salario y beneficios de estos parientes en binacionales nos cuestan al mes G. 714.625.244.

Si se considera también el aguinaldo, cada año representan unos G. 9.2901.28.172, para que un “puñado”, además de “estar mejor”, luego defiendan el presunto uso discrecional de fondos sociales.

En el grupo también hay liberocartistas “comisionados”, aunque son más “baratos”, ya que en sus casos por lo general reciben sobresueldo (bonificación) de G. 10.000.000 al mes.

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