Esta recusación impulsada por Miguel Prieto frena nuevamente la realización de la audiencia preliminar, que ya viene siendo suspendida desde el año pasado. El exjefe comunal de Ciudad del Este es uno de los diez acusados en el marco de esta causa conocida como “Tajy”.
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Este proceso se originó durante la pandemia de 2020, cuando la Municipalidad de Ciudad del Este realizó una compra de alimentos por G. 306 millones para la elaboración de panificados destinados a familias de escasos recursos.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez sostienen que no existen constancias de la entrega de los alimentos, por lo que acusan a Prieto y al entonces director de Finanzas, Francisco Arrúa Álvarez, de lesión de confianza y asociación criminal.
Igualmente, entre los demás procesados figuran exfuncionarios municipales y representantes de las firmas Tajy Servicios Generales y Vaneni SA, apuntadas de haber participado en un presunto esquema de licitación direccionada y compra ficticia de insumos.
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Por su parte, el exintendente Prieto insistió en que no hubo perjuicio al municipio y que existen documentos que prueban la entrega de los alimentos comprados durante la pandemia.