11 de junio de 2026

Hoy se confirmó que las 20 unidades generadoras de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá ya superan las tres décadas de funcionamiento y están dentro de su “vida útil comprometida”. Desde la Entidad Binacional aseguran que el sistema sigue operativo, pero que ya se ejecuta un programa de rehabilitación integral para evitar fallas futuras en el suministro energético.

AYOLAS. La pesca turística se vio afectada durante la Semana Santa por la crisis hídrica y la proliferación de algas en el río Paraná, señaló el trabajador turístico y poblador de la Isla Yasyretá, Isidro Vera. Indicó que la situación genera preocupación en el sector y que urge implementar medidas para evitar que la producción de energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) continúe perjudicando a la comunidad.

AYOLAS. El representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña – MD, abogado Vidal Cáceres, señaló que en la actualidad no se observa la reactivación esperada en las obras de Aña Cua tras la modificación financiera. El proyecto genera expectativa en centenares de personas que aspiran a acceder a un puesto de trabajo.

AYOLAS. Hay que trabajar para que la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) siga produciendo energía eléctrica, pero sin perjudicar a otros sectores. Hay que exigir una producción equilibrada, sostenible y sustentable con el medio ambiente, señaló el poblador y trabajador del sector turístico de la isla Yacyretá, Isidro Vera. Remarcó la importancia de compatibilizar el funcionamiento de la represa con las necesidades de las comunidades ribereñas.


AYOLAS. La escasa liberación de agua a través del vertedero del Brazo Aña Cua de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) afecta la situación hídrica del río Paraná y genera un impacto directo en la fauna íctica de la zona. La reducida cantidad de agua favorece la proliferación de algas acuáticas, situación que dificulta la navegación y perjudica seriamente la actividad pesquera, principal medio de sustento de centenares de familias ribereñas ayolenses. Los afectados califican el hecho como un crimen contra el medio ambiente.