delitos ambientales

El agricultor brasileño José Carlos Casagrande enfrentará un juicio oral a partir del 4 de diciembre por presuntamente incumplir medidas de mitigación de impacto ambiental y explotar unas 11 hectáreas de soja sin contar con la licencia ambiental correspondiente, pese a la vigencia de una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de cultivos en el distrito de Gral. Eugenio A. Garay. La acusación surge tras denuncias de pobladores que se oponen al uso de agroquímicos en la zona.

La Corte Suprema de Justicia solicitará una mesa de diálogo con el fiscal general del Estado para unificar criterios sobre la persecución de delitos ambientales. Es a pedido del ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos Ojeda, quien expuso graves irregularidades detectadas en varias causas.

ITAKYRY. El fiscal Orlando David Quintana imputó al productor brasileño José Bispo Alves que cultivaba soja en un terreno que linda con una escuela, sin contar con una barrera de protección viva. Se trata de José Bispo Alves, quien fue procesado por infracción de la Ley 716, en la que se menciona a “los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental y otros”.

CIUDAD DEL ESTE. El agente fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Especializada en hechos punibles contra el medio ambiente, imputó a dos brasileños que figuran como directivos de la empresa Planagro. Según la investigación, los procesados -en carácter de directivos de la firma- no se habrían encargado del almacenamiento adecuado de los productos agroquímicos.

CIUDAD DEL ESTE. Nilva Flores y Marlene Elizabeth Fernández fueron condenadas como supuestas responsables del perjuicio a una reserva natural ubicada en esta capital departamental. El veredicto se dictó este martes en un juicio oral y público desarrollado en el Palacio de Justicia.