15 de febrero de 2026
Ciertamente, la interacción con el fenómeno jurídico del “encubrimiento” de bienes se asoma a partir de los cuerpos dispositivos que potencian su anexión a fin de prever sucesos que debilitan al orden económico legal, y ante ello, se busca lograr una adecuación dispositiva, pues, la idea se asume en el indudable interés por sancionar la conducta “intencional” dentro de la esencia (delictual), es decir, a sabiendas de que los bienes son el producto de delitos precedentes.
Consultado el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sobre la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por un grupo de abogados, sobre el escándalo conocido como “los sobres del poder”, y ante la falta de una investigación de oficio por parte de esta institución que según la Constitución “representa a la sociedad”, el mismo respondió, para sorpresa de todos, que no toda denuncia es suficiente y que se deben cumplir ciertos requisitos para avanzar en la investigación. Los hechos denunciados por los abogados y atribuidos a la pareja presidencial, entre ellos, lavado de dinero, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y obstrucción a la persecución penal son sumamente graves. Por tanto, merecen ser esclarecidos, por la relevancia de lo denunciado, por la alta representación de los sujetos involucrados en la denuncia y por lo que ello representa para la credibilidad de la República.

Con la ratificación de la acusación fiscal inició ayer la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete del ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción; sindicado por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Con respecto a su esposa y las otras dos acusadas en la causa, la diligencia quedó postergada, por la ausencia y renuncia de los defensores.

Una dirigente sampedrana presentó una nueva denuncia penal contra el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, por presunto enriquecimiento ilícito. Según indicó su abogado, detectaron un incremento patrimonial del 154% entre 2016 y 2023, por lo que exigen una investigación penal.

Una denuncia penal presentada por legisladores ante el Ministerio Público pone bajo la lupa el vertiginoso crecimiento patrimonial de Santiago Peña, quien habría aumentado su fortuna en un 1.603% entre 2017 y 2023. Señalan sospechoso aumento de acciones en ueno Holding durante campaña electoral y otras inconsistencias.
Parlamentarios opositores denunciaron ante el Ministerio Público al presidente Santiago Peña y a quienes aparezcan como autores y/o partícipes de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en beneficio propio y abuso de poder. Creen muy “sospechoso” que el denunciado “no pueda justificar razonablemente su aumento patrimonial” desde el 3 de abril de 2014, cuando presentó su primera declaración jurada de bienes y rentas y su patrimonio neto era de 914.728.047 guaraníes. Y bien, a poco de asumir su actual cargo en 2023, tras haber sido ministro de Hacienda entre 2015 y 2017 y haberse desempeñado luego en el sector privado, declaró bienes y rentas por valor de 23.024.303.342 guaraníes, un incremento de 1.603% con relación al patrimonio declarado al abandonar la cartera de Hacienda, que era de 1.351.955.763 guaraníes. Se trataría de “una magnitud que reviste relevancia jurídica penal”, pues tendría que ver con presunto enriquecimiento ilícito.