El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió este viernes elevar a la instancia de juicio oral y público la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en relación al acusado Wilfrido Adrián Cáceres Flores, exjefe de Gabinete del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción.
Por esta misma causa queda pendiente la audiencia preliminar para la esposa de Wilfrido Cáceres, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva, la secretaria de la misma Camila Ramírez Gómez y la madre de esta última, Elvira Gómez viuda de Ramírez, fijada para los días 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Esto debido a que habían quedado sin defensa por renuncia de los abogados.
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De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, representado por el fiscal Luis Piñánez en la diligencia, el ex “hombre de confianza” de Óscar “Nenecho” Rodríguez; y su pareja Ruth Jazmín Da Silva, no pueden justificar más de G. 7.700 millones de su patrimonio, en el plazo correspondiente entre los años 2013 y 2023.
La investigación penal fue hecha por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Luis Piñánez. Esta se inició tras denuncias suscitadas por el presunto desvío de recursos municipales destinados a paliar el contagio masivo de covid-19 mediante compras de productos de limpieza, caso que fue conocido como “detergente de oro”.
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La investigación fiscal, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2013 y 2023, se inició en el año 2020.
Según la hipótesis fiscal, la pareja compuesta por el exjefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez y la odontóloga no tiene cómo justificar un incremento en su patrimonio por la suma de G. 7.764.350.575.
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De acuerdo a lo resaltado por los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta Dinamarca, la “bonanza” se inició en el 2017 y se extendió hasta el 2023, con el detalle que a partir del 2020 se verificaron la compra de inmuebles en San Lorenzo y Ñemby y las edificaciones en ambos. A la par, el matrimonio empezó a pagar por tres terrenos en Piribebuy (Cordillera).
“En el periodo indagado se determinó que el matrimonio adquirió numerosos bienes muebles (vehículos) e inmuebles (terrenos, edificó mansiones), adquirió equipamientos mobiliarios, los cuales fueron ocultados del patrimonio conyugal, a los efectos de evitar su detección y su comiso, a sabiendas de que en su calidad de funcionario público estaba sometido a una investigación patrimonial por parte de la Contraloría General de la República”, detalla parte de la acusación presentada el pasado 13 de mayo.