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DREXEL HILL (ESTADOS UNIDOS). Para Maggie Ficco, una madre trabajadora en el estado de Pensilvania, la escasez de plazas en los jardines de infancia y sus precios prohibitivos son más que un asunto de la campaña electoral en Estados Unidos: es una fuente constante de estrés y de problemas financieros.

Las remesas familiares enviadas por paraguayos que viven y trabajan en el exterior totalizaron US$ 223 millones en el primer cuatrimestre del año, que representó un aumento del 15% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En el aeropuerto Silvio Pettirossi se registraron momentos emotivos con el reencuentro de familias enteras tras un largo periodo sin verse. Las personas esperaban ayer la llegada de sus seres queridos desde el exterior, especialmente de España y Estados Unidos. Debido al aumento de demanda de pasajes en esta época se agregó un día más de vuelos de España a Paraguay.

Quizá más que nunca, el Congreso, que debe generar las leyes que rijan los destinos del país, se ha convertido más bien en un antro en el que predominan la politiquería barata y las prebendas, que en vez de beneficiar a todos los habitantes privilegian a esposas, hijos, tíos o sobrinos de legisladores y de altas autoridades. Los nombres que están saliendo a luz revelan que la desfachatez dotada de inmunidad llega a extremos que causarían vergüenza ajena a cualquiera que tenga cierto sentido de la decencia. En medio de este carnaval de nepotismo y clientelismo que infecta al Congreso, el anuncio del titular de ese Poder del Estado, senador Silvio Ovelar, de que se ampliará la sede legislativa para que pueda caber ese ejército de recomendados, es una afrenta a la ciudadanía que no se debe tolerar de ninguna manera.

La Cámara de Diputados se ha convertido en el “amparo y reparo” de la parentela de varios de sus miembros, a costa de los contribuyentes y en violación de las normas que regulan el acceso a la función pública. Resulta que, de hecho, los electos el 30 de abril conquistaron no solo un escaño, sino también prebendas para que sus familiares accedan como funcionarios sin someterse a un concurso público de oposición para demostrar sus méritos y aptitudes, o sean contratados sin que vayan a “atender necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, como exige la ley. Por ser absolutamente nulos, sus nombramientos y contrataciones irregulares son insubsanables por el paso del tiempo o por la emisión de un acto administrativo blanqueador.