6 de junio de 2026

El supuesto jefe narco Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien vive completamente encerrado y con custodia reforzada en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, denunció que fue amenazado por el PCC en ese penal. El Ministerio de Justicia (MJ) pidió que se ordene su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Emboscada.


El Ministerio Público solicitó a la Cámara de Apelaciones que ratifique la condena a 13 años de cárcel impuesta al senador colorado Erico Galeano Segovia, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, en el marco de la causa A Ultranza. Para los fiscales del caso, el fallo dictado por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado no reviste vicio alguno y se ajusta a varios artículos del Código Procesal Penal.

El violento rescate del supuesto narcotraficante Jorge “Samura”, en 2019, dejó rastros que condujeron a los investigadores hasta el Aeródromo Arrayán, de Areguá, en 2020. La intervención privó a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, de parte de su flota de aeronaves, por lo que él y Sebastián Marset -presuntos líderes del grupo anulado con A Ultranza, en 2022- recurrieron a emplear el avión de Erico Galeano para sostener sus operaciones ilícitas.

La estructura de narcotráfico internacional, que según la Fiscalía lideraban Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano, contó con el apoyo logístico de Erico Galeno Segovia para continuar la actividad ilícita en el año 2020. Esto demuestra un “vínculo de confianza y funcionalidad” con los presuntos criminales, según la sentencia que condenó a 13 años de cárcel al legislador.

En la sentencia que condenó a 13 años de cárcel al senador colorado Erico Galeano Segovia el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado resalta que con la venta de una casa en el condominio Aqua Village de Altos, en plena pandemia por covid, el legislador lavó dinero de origen ilícito, siendo el verdadero comprador del inmueble el presunto narco Miguel “Tío Rico” Insfrán. Según la sentencia, dicha operación se hizo por contrato de compraventa para evitar la trazabilidad del dinero.