El abogado Enrique Sosa, consultor nacional del equipo técnico del proyecto, explicó que la participación privada en las inversiones no significa la privatización de las mismas. Más bien, se permitirá que el Estado y las empresas trabajen de forma conjunta, con lo que se distribuyen los compromisos y los riesgos entre las partes y se crea un mecanismo de pago al participante privado, acorde con el tipo y las características del emprendimiento.