Tres meses después de haber puesto este sistema en marcha en las ciudades de Bolonia y Florencia, y tras su adopción hace poco más de una semana en Milán y Nápoles, la Policía llevó a cabo casi 25.000 controles y emitió un total de 228 órdenes de alejamiento, aseguró en un comunicado el Ministerio del Interior italiano.
Los alejamientos fueron ordenados a personas con antecedentes por delitos vinculados a tráfico de drogas, robo o tenencia de armas, que "en las zonas controladas tuvieron comportamientos agresivos, amenazadores o molestos, representando un peligro concreto para la seguridad pública", remarca Interior, que destaca "la eficacia" de las medidas adoptadas.
Las autoridades anunciaron también esta semana que pronto crearán 'zonas rojas' en áreas del centro de Roma, como la estación central de Termini o el barrio de Esquilino, a lo que el alcalde, Roberto Gualtieri, ha mostrado su oposición. En su opinión, esto no soluciona los problemas de delincuencia de raíz, sino que solo desplaza los potenciales actos criminales hacia otras áreas.
Ha habido también juristas que se han opuesto a esta política de control sobre el espacio público que promueve el Gobierno, alegando que podría vulnerar la Constitución italiana.
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