Ines Peterson, una portavoz de la Fiscalía General del Estado (GBA) de Alemania, que dirige la investigación por los ataques, confirmó a EFE que el acusado, identificado como Serguí K., un antiguo militar, fue trasladado hoy a Alemania.
La portavoz explicó que está previsto que este viernes comparezca ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe (sur de Alemania), que decidirá formalmente sobre la emisión de una orden de detención contra K., de 49 años.
La extradición a Alemania fue confirmada la semana pasada por el Tribunal Supremo de Italia, después de que el 21 de agosto el sospechoso fue arrestado en un apartamento turístico cerca de la ciudad septentrional italiana de Rimini cuando pasaba unas vacaciones con su familia, en ejecución de una euroorden alemana.
Desde entonces el exmilitar ucraniano se encontraba encerrado en una prisión de máxima seguridad y, aunque a principios de mes comenzó una huelga de hambre, la interrumpió doce días después.
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Fue la segunda vez que el Tribunal Supremo de Italia se pronunciaba sobre este caso, ya que en octubre anuló la sentencia con la que el 16 de septiembre el Tribunal de Apelación de Bolonia (norte) ya había ordenado su extradición a Alemania.
Otro sospechoso, que según la GBA podía haber formado parte del equipo que atentó contra el gasoducto, fue detenido este otoño en Polonia, pero un tribunal de Varsovia decidió dejarle en libertad con el argumento de que Alemania no tenía jurisdicción sobre el caso, que se produjo en aguas internacionales.
De acuerdo con la investigación de la GBA, Serguí K. coordinó el equipo de siete miembros que navegó hasta los gasoductos y se sumergió para colocar varias cargas explosivas, por lo que le considera sospecho de haber conspirado para provocar una explosión y de sabotaje hostil a la Constitución.
La abogada defensora de K., Ilona Menaker, proclamó su inocencia y rechazó todas las acusaciones contra él en declaraciones realizadas este jueves a la cadena ARD.
Además, la abogada argumentó que penalmente Alemania no tiene jurisdicción sobre el acusado, por haber actuado supuestamente en calidad de militar ucraniano y fuera del territorio alemán.
Los gasoductos Nord Stream no transportaban gas ruso en el momento del ataque, ya que uno de ellos no estaba todavía operativo, al haber sido paralizado el proceso de certificación como parte de las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, mientras que Moscú había cortado el suministro que fluía por el otro hacia Alemania.
Los investigadores alemanes creen que el atentado fue ejecutado por un grupo relacionado con las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque no han hecho público si han podido determinar hasta qué punto éste actuó siguiendo instrucciones de mandos militares o políticos.
