"Los datos revelan un patrón criminológico persistente que replica las cifras del 2024, evidenciando que la violencia contra la población LGTB+ no ha disminuido pese a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno", denunció la asociación en un comunicado.
Del total de asesinatos, veintiún casos corresponden a mujeres trans, siete a hombres gay, uno a una mujer lesbiana y otro a un hombre pareja de una mujer trans.
Silueta X señaló que las mujeres trans sufren una "vulnerabilidad estructural", pues existe una "intersección entre transfobia, exclusión socioeconómica y exposición a circuitos de criminalidad organizada".
En el 65 % de los casos, ellas fueron víctimas de la delincuencia organizada, pues los crímenes se concentraron en "zonas de alto control territorial" por parte de estos grupos.
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De acuerdo al reporte, las víctimas de los transfeminicidios tenían entre 28 y 35 años, el 85 % de ellas enfrentaban exclusión laboral y en los asesinatos hubo "ensañamiento, violencia sexual previa y exposición pública del cuerpo".
"El mensaje social implícito es un castigo ejemplarizante por transgredir normas de género", alertó la asociación defensora de los derechos de las personas LGBT+.
"La evidencia forense sugiere que las medidas de seguridad nacional no contemplan una protección diferenciada para poblaciones vulnerables", añadió.
Además, Silueta X indicó que en al menos el 23 % de los casos no existe una "investigación efectiva", por lo que quedan impunes.
La presidenta de Silueta X y de la Federación Nacional de Organizaciones LGBT+, Diane Rodríguez, aseguró que "cada nombre es un recordatorio" de que el Estado ecuatoriano considera que sus vidas son "descartables", pues han entregado trece informes anuales a autoridades que "sistemáticamente" las ignoran. Exigió al Gobierno el reconocimiento legal del transfeminicidio en el código penal.