"Parece otra operación represiva de propaganda de seguridad, que no contribuye en nada a la prevención ni ayuda a las fuerzas del orden a cumplir con su deber. De hecho, les dificulta la vida", explicó el diputado de Alianza Verde Izquierdas (AGV), Nicola Fratoianni.
"Mientras que el también diputado de AGV, Angelo Bonelli, afirmó que "la prisión preventiva basada en la llamada 'sospecha legítima', especialmente en relación con las manifestaciones, representa una grave violación del derecho constitucional a manifestarse. En este punto, todos seríamos sospechosos, incluso por el simple hecho de portar una bandera palestina".
El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y exmandatario, Giuseppe Conte, calificó de "un cascarón vacío" el decreto, pues "no se hace nada para aumentar el número de agentes, guardias de seguridad y controles callejeros".
La mayor formación opositora, el Partido Demócrata (PD), afirmó que "la emergencia no son los bajos salarios, ni el aumento del precio del carrito de la compra, ni los millones de italianos a los que ya no les importa. Para Meloni, la emergencia es la prisión preventiva doce horas antes de las manifestaciones. Quienes nos gobiernan ahora viven en la luna".
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Para el eurodiputado del PD Matteo Ricci se tratan de medidas absurdas porque "no hace falta más represión; necesitamos más policía para controlar el territorio y combatir el robo, el narcotráfico y la delincuencia. Sobre todo, necesitamos certeza en el castigo".
La polémica medida aprobada este jueves por el Consejo de Ministros nace después de la manifestación por el cierre de un centro social el pasado sábado el Turín (noroeste), que acabó con graves altercados y enfrentamientos entre la Policía y algunos manifestantes.
La llamada "detención preventiva" permite el arresto temporal, por hasta 12 horas, de "personas consideradas peligrosas para el orden público" y que "podrían poner en peligro el desarrollo pacífico de un evento".
Asimismo, también la Policía podría ordenar a una persona sospechosa que firme una o más veces en la comisaría durante las horas de manifestación y su incumplimiento se castigaría con penas de entre cuatro meses y un año.
La otra medida que ha causado controversia es el llamado "escudo criminal", que establece que la inscripción en el registro de sospechosos ya no es automática para quienes actuaron con "causa justificante", como defensa propia, uso legítimo de un arma o cumplimiento de un deber.
Para proteger al profesorado y al personal sanitario, el decreto dispone que los responsables de agresiones y violencia contra ellos podrán ser imputados por el delito de "lesiones a un agente de la policía judicial o a un agente de seguridad pública en el ejercicio de sus funciones o con motivo del mismo" y esto conlleva una pena agravante de 2 a 5 años . En caso de lesiones personales graves o muy graves, la pena aumenta de 4 a 10 años y de 8 a 16 años, respectivamente.