Una amplia mayoría de diputados, tanto de la izquierda oficialista como de la oposición de derecha, votó a favor de la enmienda, que ahora deberá ser analizada por el Senado.
La aprobación del proyecto es una de las prioridades del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impulsor de la propuesta, a poco más de medio año de las próximas elecciones.
Los cambios a la Constitución prevén que el Parlamento legisle un aumento de penas específicamente para los integrantes de las facciones, así como restricciones a beneficios penitenciarios.
La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, celebró en redes sociales la aprobación y dijo que la enmienda "impone un tratamiento más duro a organizaciones criminales de alta peligrosidad".
Además, la propuesta incorpora a la norma suprema una estructura permanente de cooperación entre el Gobierno federal, los estados y los municipios en materia de seguridad pública.
En este nuevo régimen, la Policía Federal tendrá competencias para perseguir delitos cometidos por organizaciones y cuya repercusión trascienda las fronteras de los estados o del país.
Mientras, en los municipios pequeños se podrán crear policías comunitarias para realizar labores de patrulla.
La propuesta presentada por el Gobierno de Lula logró ser aprobada pese a las resistencias de algunos gobernadores de derecha, que temían una mayor interferencia de las autoridades centrales en sus competencias.
Bandas como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho han ganado terreno en los últimos años en Brasil, especialmente en el norte y el noreste del país, y ya operan en otras naciones de Suramérica.