Los destinos que mayor ocupación hotelera tuvieron fueron la provincia costera Santa Elena (72,4 %), las Islas Galápagos (63,4 %), las amazónicas Napo (56,5 %) y Pastaza (55,6 %) y la andina Tungurahua (52,3 %).
Durante estos tres días, el gasto turístico alcanzó los 49,5 millones de dólares, y el gasto diario fue de 16,5 millones, unos 66 dólares por turista, "uno de los niveles más altos registrados", según dijo el ministro de Producción, Luis Jaramillo, en su cuenta de la red social X.
La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, lideró el nivel de gasto con 11 millones de dólares, seguida de Santa Elena (6,6 millones), Azuay (5,4 millones), Galápagos (4 millones) y Tungurahua (3,8 millones).
Además, se realizaron 743.600 viajes a escala nacional, unos 247.900 diarios, "lo que evidencia un comportamiento estable del turismo interno", añadió la cartera de Estado.
El feriado de Semana Santa se realizó en medio de un estado de excepción que el presidente, Daniel Noboa, declaró el jueves en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios ubicados en otras tres provincias, por los altos niveles de violencia.
La medida estará vigente por 60 días en provincias que están ubicadas principalmente en la costa del país, donde se concentran las actividades de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que buscan enviar grandes cantidades de cocaína producida principalmente en Colombia hacia Europa y Estados Unidos.
Este es el caso de Esmeraldas y El Oro, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
A ellas se suma Pichincha y la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza también con Colombia, donde recientemente las Fuerzas Armadas desarrollaron operaciones militares con la colaboración de Estados Unidos para destruir supuestos campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este estado de excepción se decretó en el marco de la "guerra" que Noboa declaró en 2024 a los grupos criminales, que fueron denominados como "terroristas" y a los que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino, que en 2025 reportó un récord de 9.252 homicidios.