El pensamiento político en el país continúa intacto. Es coherente con la concentración del poder. Pese al importante avance en los últimos años en materia de elecciones, persiste lo que Karl Popper denominó como la miseria del historicismo. Popper había utilizado este calificativo para oponerse a la concepción de un destino manifiesto a la usanza de Marx, quien creía en leyes que la propia historia imponía. De este modo, y siguiendo a Marx, la confrontación es la metodología del cambio social.
El determinismo histórico requiere de hombres providenciales para dirigir la nación. Contiene en sí mismo el germen de la violencia y en nuestro país ha sobrevivido a la dictadura. Afortunadamente, para su consolidación necesitará vencer a los principios de la libertad de expresión y de prensa y a la cada vez más cantidad de paraguayos hartos del mesianismo, sea político o eclesial. Esto se puede probar. La democracia paraguaya, en poco tiempo, progresó a pasos agigantados, siendo un ejemplo a nivel mundial.
Pero los obstáculos continúan. El estado de derecho y el libre mercado siguen pendientes. En realidad, han sido los discípulos del determinismo histórico los que se siguen oponiendo a las reformas. Los políticos profesionales son los que incumplieron con sus electores. Se sirvieron del poder para capturar el gobierno para beneficio de sus apetencias personales.
De este modo, se ha dejado de lado la premisa básica de toda República. La fortaleza de un gobierno está en su eficacia y determinación por cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sin embargo, aquella tradición del determinismo histórico convirtió al poder como un fin y no como un medio para garantizar los derechos individuales. Los liberales clásicos tienen razón cuando advierten que el poder debe ser limitado y controlado; caso contrario, emerge la tiranía. Sucedió con Estigarribia en 1940, Stroessner en 1954 y, ahora, lenta y decididamente con el proyecto de la izquierda radical y, otros no tanto, que denominándose a sí mismos como progresistas, también forman parte del mismo tronco común.
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Los que aún no se han percatado de este proyecto son los mismos congresistas. Los opositores hablan como opositores pero votan como oficialistas. La declaración del estado de excepción por parte de diputados y senadores no es más que la confirmación de aquel pensamiento. ¿Por qué darle más poder al gobierno cuando que ha demostrado ineficiencia no solo en capturar a no más de veinte delincuentes del EPP escondidos en los montes, sino también en garantizar la seguridad ciudadana?
La puesta en práctica del determinismo histórico será sumamente peligrosa. Y tiene doble vertiente. Políticamente se viabiliza con declaración inconstitucional del estado de excepción. Económicamente por medio del inmovilismo presupuestario que se observa en el exponencial aumento de la deuda pública. El gobierno de Lugo que responde al determinismo histórico no es de la modernidad; es reaccionario, apuesta al pasado, es un apéndice del proyecto bolivariano.
¿Acaso no fue el presidente Lugo el que ordenó el repliegue de las fuerzas militares cuando se estaba acorralando a los secuestradores del señor Lindstron? ¿Por qué se detuvo a los militares? ¿Por qué no se acabó en aquel momento y de una vez por todas con el EPP? El plan se está cumpliendo. Pronto la delincuencia llegará a su nivel extremo. La población se manifestará en las calles para exigir “orden”, para enseguida presentarse el plan de salvación, el típico libreto de las tiranías para mostrarse imprescindible.
Pese al esfuerzo del oficialismo por negar sus vinculaciones con Chávez de Venezuela, existen simpatías expuestas públicamente, en discursos y declaraciones. Y ya lo están haciendo. La campaña “ABC ijapu” es solo el anuncio de una implacable persecución que terminará por domesticar al peor enemigo de los corruptos y autoritarios, la prensa libre. La información debe ser veraz, empiezan a exigir algunos dirigentes.
El poder crece y corrompe
Poco le interesa a la izquierda radical el mandato conferido por el pueblo el 20 de abril. La ciudadanía quizás no esperaba una reforma estatal de fondo, pero sí deseaba acciones concretas y hasta señales sencillas de cómo enfrentar a la corrupción, dejando de lado la vieja práctica de los nombramientos de parientes y correligionarios sin concurso previo. Pero tampoco esto está ocurriendo. Sigue la prebenda, continúa el gasto público despilfarrador, la deuda pública se empieza a disparar.
Mientras el mundo clama por energía y alimentos, nuestra mayor riqueza, la energía eléctrica, se encuentra paralizada. Los recursos energéticos, las telecomunicaciones y las infraestructuras están inmovilizadas. El gobierno tiene otras preocupaciones. Sus esfuerzos están concentrados en seguir haciendo crecer a la enorme piñata estatal.
En estas circunstancias el rol del Congreso adquiere suma trascendencia. La democracia liberal constitucional ideada por pensadores como Locke, Montesquieu, Jefferson, Madison y otros, requiere del sistema de pesos y contrapesos. El poder tiende no solo a crecer sino a corromper, advertía Lord Acton. En cualquier lugar del mundo, los poderes del gobierno deben ser limitados pero también continuamente controlados.
En el Estado de Derecho la competencia del Congreso se halla limitada por la misma Constitución. Además de la función de dictar normas de carácter general, la tarea de legislar no es la función más importante encomendada a los diputados y senadores. De igual importancia, el Congreso tiene la función de controlar no solo el cumplimiento de la ley sino la misma acción del gobierno. No es circunstancial la decadencia en varios países latinoamericanos de los valores del estado de derecho en los últimos años. Tras el advenimiento de regímenes como el de Hugo Chávez de Venezuela, no pocos gobiernos desean emular las conductas de este dictador.
En el país existe un proyecto que bien puede ser catalogado de reaccionario, cuyo propósito consiste en ir concentrando el poder mediante el descrédito de la prensa libre y de los órganos de seguridad, como la Policía y las Fuerzas Armadas, pues, no existe mejor modo de darle la bienvenida al despotismo que la anarquía del desorden y la inseguridad.
El poder ciertamente es un atributo necesario de todo gobierno. Pero el poder, al final, es una herramienta en manos de las autoridades políticas que pueden caer en la tentación de considerarse a sí mismos como elegidos por la historia para cambiar el destino de sus compatriotas; siguiendo la tradición marxista y hegeliana del determinismo histórico.
En el país, el avance de la idea del determinismo histórico que promueve la confrontación para así alzarse con la concentración del poder pretende reemplazar la incipiente democracia por la “plebiscitaria”, “social” o “popular”, tal como desea la izquierda radical y que, a la fecha, tiene la complacencia cómplice del mismo “gobierno del cambio”.
Mientras tanto, resulta necesario rememorar a Sila cuanto también quiso advertir a los romanos sobre la lenta decadencia de la República; pero fue tarde: Roma ya se había acostumbrado a la servidumbre.
* Decano Facultad Derecho UTIC. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.