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Los delincuentes se han actualizado y si bien actúan en el campo virtual, las consecuencias de sus acciones son reales y están a la vista: cuentas bancarias vaciadas, operaciones comerciales fraguadas, extorsiones, pornografía infantil y amenazas. Estas son algunas de las facetas del gigantesco mundo de los delitos informáticos.
Para hacer frente a esta situación, el Ministerio Público creó la Unidad Especializada de Delitos Informáticos y designó como titular de la misma a la fiscala María Teresa Aguirre, quien, además, seguirá cumpliendo funciones en la Unidad Ordinaria N° 3.
La referida unidad, que inició sus funciones el 1 de octubre, tendrá competencia en todo el territorio nacional en los siguientes tipos de delitos: alteración de datos en computadora (artículo 174); operaciones fraudulentas por computadora (artículo 188) y alteración de datos relevantes para la prueba (artículo 248).
Situación actual
Aguirre destacó que falta tipificar algunas conductas que actualmente no son sancionadas en nuestro país, como el acceso no autorizado a un correo electrónico por ejemplo, entre otros. Precisamente se encuentra en estudio en el Congreso un proyecto de ley sobre delitos informáticos presentado por el diputado David Ocampos, que de ser aprobado, supliría dicha laguna legal.
“Muchos de esos tipos penales que están previstos en este proyecto de ley también guardan relación con el Convenio de Budapest (ver cuadro). La principal recomendación es armonizar las leyes internacionalmente; por ejemplo, prever determinadas conductas, en el sentido de determinados tipos penales y dotar a los países de herramientas procesales para el levantamiento de evidencia digital, es decir, que cada país prevea en su legislación procesal la forma de levantar específicamente evidencias electrónicas y digitales”, indicó, tras comentar que existen inconvenientes en nuestra legislación de fondo, en nuestra legislación de forma y también en la parte regulatoria.
“El órgano que regula en nuestro país, la Conatel, debería ampliar el aspecto regulatorio en cuanto a por ejemplo el tema de la provisión de los servicios de internet, los controles, los datos de registro, qué es lo que se registra, muchas cuestiones que deberían ser ampliadas en el aspecto regulatorio”, indicó.
“Existe un Reglamento de Conatel del Servicio de acceso a Internet donde se establecen que el prestador deberá mantener archivos históricos de los registros. Sin embargo, la realidad es que la información es precaria y no se encuentra establecido el tiempo de resguardo”, explicó.
Aguirre aclaró que los datos que deben ser resguardados son los datos históricos y de tráfico, no así su contenido, pues para acceder a este último indefectiblemente se debe contar con orden de juez competente, por la vigencia del derecho a la intimidad.