Peritaje técnico confirma que no existe excedente de tierras en Ñacunday

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Altos funcionarios del Gobierno y supuestos dirigentes campesinos montaron un fraude para justificar el atropello de propiedades privadas en Ñacunday, Alto Paraná.

El Ing. Arnaldo Barrios Insfrán obtuvo la medalla de oro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, al concluir sus estudios universitarios.

Se especializó en agrimensura y su tesis logró el máximo puntaje de su promoción. Tiene 34 años y no duda en afirmar que "las matemáticas no mienten, son exactas".

En los últimos dos años ocupó el cargo de director del Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ayer fue destituido de su cargo y en este momento se encuentra a disposición de la jefatura de personal del ministerio, cuya directora es María Esther Invernizzi, activista del Partido Tekojoja.

El Ing. Barrios Insfrán junto con el Ing. Juan Manuel López realizaron el peritaje de la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de  mensura judicial de la finca 4036, del Alto Paraná.

En la víspera,  también el Ing. Juan Manuel López dejó de pertenecer al Departamento de Agrimensura y Geodesia. López tiene un contrato con el MOPC, que vence a fin de mes.

Resultado del peritaje

El Ing. Arnaldo Barrios Insfrán explicó: "Recibimos un expediente que consta de siete volúmenes, con el objetivo de determinar la existencia de excedentes de tierras fiscales".

Agregó que "el trabajo consiste básicamente en determinar en el terreno la superficie real de una fracción, comparando los datos con la información existente en un título de propiedad. La medición permite verificar la superficie disponible".

El trabajo comenzó con la verificación del  título de propiedad de la empresa Gulf + Western American Corporation, sobre una superficie de 54.015 hectáreas.

La firma mencionada solicitó y obtuvo una mensura judicial de sus tierras; el trabajo de agrimensura fue realizado y aprobado en 1975.

"La mensura judicial de 1975 permitió comprobar la existencia de una superficie real, en función al título de propiedad", siguió explicando Barrios Insfrán.

Según consta en el expediente, Agriex SA adquirió la totalidad de las tierras. La empresa, con tareas de agrimensura, confirmó que las 54.015 hectáreas coinciden con el terreno.

En el año 1994, Tranquilo Favero y otros ciudadanos adquieren de Agriex SA diversas fracciones de tierra y se realiza nuevamente una mensura judicial.

Entre los adquirentes de la tierra se encuentra el Indert, que habilitó colonias campesinas al noroeste de la propiedad original. Otros propietarios se instalan al sur.

La ubicación es matemática

Las tierras adquiridas por Agro Toro SA se convirtieron en objeto de la mensura. El Indert solicitó la acción judicial y el agrimensor del instituto preparó el plano sobre un diseño global, sin ubicar la superficie del supuesto excedente.

"Solicitamos ubicaciones geográficas exactas, con las coordenadas precisas del supuesto excedente. Nunca entregaron una información vital para llevar a cabo la localización", sentenció el Ing. Barrios Insfrán.

Dijo además que "verificamos los planos y las mensuras judiciales anteriores y podemos afirmar en forma categórica que dentro del polígono no existe ningún excedente. Son tierras privadas".

El especialista ratificó que "nuestra tarea es matemática, es verificación de coordenadas geográficas, con datos que son incluidos en una carta topográfica. Las matemáticas no mienten, no existen dos interpretaciones".

Un dato importante: en el supuesto que exista un excedente (que no es el caso) esa tierra no pertenece al Estado, sino a Agriex. Es propiedad privada porque el Estado se desprendió de ellas con la venta de tierras públicas.

Finalmente, expresó: "El trabajo de agrimensura es una labor técnica y podemos sostener sin equivocarnos que no hay excedentes. Es cuestión de matemáticas".

 

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