Javier Villate

Recientemente, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil, organismo de control externo del gobierno federal que opera como auxiliar del Congreso brasileño, determinó que el Ejecutivo del país vecino debe presentar su planeamiento para la revisión del Anexo C de Itaipú. Mientras, en nuestro país, brillan por su ausencia las instituciones de control “espejo” de la TCU para el mismo fin. Una lamentable situación de inferioridad paraguaya al decir de la jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Lea Giménez.

El proyecto de ley del diputado Edwin Reimer que pretendía modificar los artículos 4º y 6º de la Ley Nº 5723/2016, que “declara área silvestre protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco”, experimentó días pasados un doble rechazo; uno en la cámara de Senadores y otro en el Ejecutivo. Este rechazo representa una clara evidencia de la eficiencia operativa del eco-fanatismo progresista en Paraguay, que, a través de la instrumentalización de ONG locales, pero con financiamiento foráneo, nos condenan a una completa dependencia extranjera en materia de gas natural e hidrocarburos.

Durante las décadas de llevar las riendas de las negociaciones de ambas binacionales, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la ANDE no se han preocupado por disponer de dictámenes jurídicos sobre si la interpretación que le dieron al Derecho de Adquisición obliga o no al Paraguay a ceder su fracción no utilizada para nuestro consumo interno.

La reciente exposición del director general brasileño de la binacional, Anatalicio Risden Junior, acerca de su duda de si se revisa o no el Anexo C del Tratado de Itaipú no debería preocuparnos en lo absoluto, dado que Paraguay no necesita modificar dicho Anexo, y menos aún cambiar el cuerpo del tratado.

Las reveladoras respuestas de la Cancillería al pedido de informes solicitado por la Cámara de Diputados sobre de qué forma aquella entiende el verdadero significado jurídico del Derecho de Adquisición Preferente (DAP) acaba por confirmar que durante 49 años los asuntos de Itaipú han sido manejados por ineptos y entreguistas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, anunció su próxima renuncia al cargo para postularse como candidato para las próximas campañas electorales. Abandona el barco de RR.EE. en llamas y a la deriva en las tormentosas aguas de la revisión del Anexo C, el asunto más crítico de la agenda energética de esta administración gubernamental.

Con una demora de 49 años, se llevó a cabo el primer panel debate sobre el Derecho de Adquisición Preferente (DAP), organizado por la comisión de Energía y Minería y de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados. El martes 19 pasado quedó evidenciado que el Tratado de Itaipú no necesita ninguna modificación para que Paraguay pueda vender sus excedentes en su territorio a Eletrobras o cualquier otro comercializador brasileño, inclusive a un tercer país.

Durante los 49 años de vigencia del tratado de Itaipú, el más grave error de la sociedad civil paraguaya, que incluye a todo el espectro político, especialistas técnicos, periodistas, sindicatos, universitarios, fue haber soslayado un debate a fondo sobre el alcance real del Derecho de Adquisición Preferente (DAP) contenido en el artículo XIII. Supuestamente, constituye el principal obstáculo que arrebató al Paraguay mejores beneficios en Itaipú.

El ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE.), Euclides Acevedo, cuestionó recientemente la propuesta brasileña de bajar la tarifa de Itaipú y la revisión del acuerdo operativo, calificándolas de “inadmisibles”.

“Cuando una entidad decida no utilizar parte de su potencia contratada o parte de la energía correspondiente a la misma, podrá autorizar a la ITAIPU a ceder a las otras entidades la parte que así se vuelve disponible”. Por el contrario, si decidiera no ceder, “la responsabilidad de la entidad que contrató la compra será la correspondiente a la totalidad de la potencia contratada”.