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La propia historia del parto de dicho Parque Nacional revela improvisación y falta de seriedad gubernamental. Un primer decreto del año 2001 crea el Parque con 597.500 hectáreas; un segundo decreto del 2003 lo reduce a 514.233; un tercer decreto del 2004 elimina el Parque; un cuarto decreto del 2004 lo vuelve a restablecer. Finalmente, en el 2016, en diputados se proyecta la ley con 457.479 hectáreas, pero triunfa el proyecto de Senadores que lo aumenta a 605.075 hectáreas.
Este incidentado alumbramiento del Parque terminó afectando inversiones de cuatro concesionarias, siendo la empresa más perjudicada la de Primo Cano Martínez SA, que ostenta un contrato de concesión de hidrocarburos en dicha zona desde el año 1983, y a la fecha se encuentra en el período de explotación desde el año 1998. El fuerte lobby ambientalista y el conglomerado de intereses que lo financia no dudaron en violentar la garantía constitucional (artículo 14º CN) de la irretroactividad legal que conciernen a la seguridad jurídica de nuestro país.
La modificación de los dos artículos citados permitiría “…actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental”. Esta fórmula razonable y justa lograría conjugar la explotación racional de hidrocarburos con la preservación ambiental del Parque Nacional.
Argumentos medioambientalistas falaces. La explotación de la empresa paraguaya Primo Cano Martínez utiliza 1.6 hectáreas para perforar un pozo, lugar del depósito de máquinas y la casa de obreros. Una afectación de menos de 2 hectáreas de un total de 605.000 hectáreas para proporcionar gas al Paraguay por 25 años. Este hecho expone la irracionalidad y deslegitima la oposición a la ley Reimer.
Pero se impuso la mejor estrategia comunicacional de un reducido grupo de propagandistas de activistas ambientalistas. El dogma del movimiento ecologista ideologizado impone un extremo de prohibición total de toda actividad de explotación de hidrocarburos en esa área.
Poco importa para el canon ecologista la consecuencia de continuar nuestra completa dependencia energética en materia de hidrocarburos, porque el fin último de ellos es imponer sus mandatos ideológicos a la sociedad.
Tampoco importa para el dogma ecologista que entremos en un escenario de escasez de potencia hidroeléctrica en Paraguay, en determinadas horas del día, a partir de los siguientes 10 años.
Cuando utilicemos 100% de nuestra disponibilidad de potencia en Itaipú y Yacyretá, desde el 2030 en adelante, para horas pico del día, tendremos que comprarla a nuestros vecinos o encender generadores a gasoíl, fueloíl o gas natural, exportadas desde Bolivia o Argentina porque aquí tendremos vigente la prohibición de explotar nuestro gas natural. Es un pronóstico futuro inevitable.
La realidad económica se ha impuesto a la realidad medioambiental. Este enero 2023 entró en vigor la resolución de la Comisión Europea (CE) que de un plumazo transformó la energía nuclear y el gas de sucia y satanizada a verde y sacrosanta, hasta al menos el 2045, motivadas por la disparada de precios del gas debido al conflicto bélico en Ucrania.
Seguidamente varios países europeos anunciaron la construcción de nuevas plantas nucleares. Por supuesto, con fuerte oposición del lobby ambientalista.
En USA, hace unos días el presidente Joe Biden reculó de su promesa electoral ambientalista y autorizó un gigantesco proyecto petrolero en Alaska. La concesionaria podrá perforar 199 pozos en la Reserva Nacional de Petróleo-Alaska.
El proyecto Reimer debe ser apoyado por sus pares congresistas y por la ciudadanía ajena al extremismo ambientalista. Europa y USA nos están mostrando sus errores al seguir las radicales e insanas posiciones ambientalistas que les causaron tremendo daño a su economía.
Rechazo
El proyecto de ley del diputado Edwin Reimer, que pretendía modificar los artículos 4º y 6º de la Ley Nº 5723/201, tuvo días pasados un doble rechazo.
Fanáticos
El rechazo representa una clara evidencia de la eficiencia operativa del eco-fanatismo progresista en Paraguay, con ejecutores locales y financistas foráneos.