Soares y Guachiré, juzgados por el caso coquitos de oro

Luego de diez años y tras salvar innumerables chicanas, el pasado 3 de marzo un Tribunal de Sentencia dio inicio al juicio oral y público por el caso de los coquitos de oro donde están acusados por el delito de lesión de confianza, el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y su entonces director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Alfredo Guachiré.

Camilo Soares corrió, pero igual afrontará juicio.
Camilo Soares corrió, pero igual afrontará juicio.Archivo, ABC Color

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, antes de dar apertura al juicio oral previamente tuvo que analizar los pedidos de prescripción de la acción penal y de sobreseimiento definitivo que presentaron las defensas de los acusados.

Tras un análisis de todos los hechos, ambos pedidos fueron rechazados y ahí se abrió el juicio propiamente dicho.

Sin embargo el abogado Juan Sosa, quien asumió ese día la defensa de Camilo Soares, pidió copias del expediente y un tiempo prudencial para poder interiorizarse de la acusación y armar su estrategia de defensa. El presidente del Tribunal de Sentencia, Juan Carlos Zárate, le dio dos días y volvió a convocar para el 5 de marzo a las partes de manera de retomar el juicio.

Pero cuando se iba a retomar el juzgamiento, el juez Héctor Capurro presentó un certificado de reposo por dengue y el juicio recién se retomará hoy lunes 9 de marzo a las 11:30.

Litigante de mala fe

La defensa de Camilo Soares al momento de plantear la prescripción de la acción penal señaló que la imputación contra su defendido se registró el 10 de abril de 2010 y que según el cálculo que realizaron del caso, a la fecha se encuentra prescripto. Por esa razón solicitaron que se sobresea al acusado.

Pero la fiscala Victoria Acuña se opuso a eso alegando que si bien el caso ya tiene 10 años, el proceso sufrió reiteradas interrupciones por incidentes meramente dilatorios planteados por los procesados, cuya intención era la de hacer prescribir el proceso y dejar impune un daño patrimonial al Estado de G. 1.224.976.100, que se cometió con la compra sobrefacturada de alimentos.

Los miembros del Tribunal de Sentencia analizaron esos hechos y llegaron a la decisión de manera unánime que efectivamente Camilo Soares y su entonces abogado Álvaro Arias, por casi diez años fueron trabando el avance del proceso de manera sistemática presentando chicanas. Se comprobó por ejemplo que la audiencia preliminar se pospuso once veces y solo en la citación número doce el 21 abril de 2016 el entonces juez penal de Garantías Paulino Escobar elevó a juicio oral el caso y otra vez se tuvo que esperar casi cuatro años para que se llegue a este estado procesal.

Ante todos estos hechos los jueces señalaron que Camilo Soares efectivamente tuvo una actitud obstruccionista a lo largo de todos estos diez años y que eso quedó demostrado el 12 de marzo de 2014 cuando el entonces juez Pedro Mayor Martínez afirmó que hubo ejercicio abusivo del derecho de parte de Soares y lo sancionó con 25 días-multa, los cuales equivalen a G. 8.750.000.

Los miembros del Tribunal también realizaron un cómputo de todo el tiempo que el expediente quedó parado y aplicaron la teoría de los plazos muertos; en consecuencia resolvieron que la fecha de prescripción del presente proceso sea el 28 de agosto de 2024.

Con esta nueva fecha de prescripción el juicio oral se puede llevar a cabo sin la presión de que una chicana más que pueda presentar Camilo Soares o Alfredo Guachiré lleve a la prescripción.

Finalmente todo el esfuerzo que puso Camilo Soares durante diez años para buscar la impunidad no le sirvió de mucho ya que ahora deberá afrontar el juicio oral donde la fiscala Victoria Acuña debe demostrar que efectivamente Soares y Guachiré se confabularon en el 2009 cuando estaban en la SEN para sobrefacturar la compra de alimentos.

El abogado Juan Sosa, en representación de Soares, planteó una excepción de inconstitucionalidad contra el fallo del Tribunal de Sentencia que no hizo lugar al pedido de prescripción de la acción penal.

Sin embargo, este incidente no afectará la marcha normal del juicio que puede finalizar, pero lo único que hará es retrasar la lectura de la sentencia si para esa fecha la Corte Suprema de Justicia no se expide al respecto.

1.

La acusación fiscal habla de un daño patrimonial de G. 1.224.976.100 que se perpetró a través de dos compras sobrefacturadas, según la presentación del Ministerio Público. El primer daño fue con la compra de panificados por G. 281.309.600, entre el 29 de mayo y el 16 de diciembre de 2009. La segunda compra sobrevaluada fue entre el 21 y 24 de diciembre de 2009. Se habían adquirido fideos, arroz, yerba, entre otros, por G. 943.000.000. Luego se comprobó que esos montos estaban “inflados”.

2.

Camilo Ernesto Soares nunca pudo explicar cómo es que se dio la compra irregular de la que habla la Fiscalía, solo se limitó a decir en diez años que su imputación es de carácter político. Indicó además que un grupo de fiscales que hoy son parlamentarios estuvieron detrás de su imputación y procesamiento, como una manera de venganza. Aporta muchos dichos, pero pocas pruebas de su inocencia y hasta el partido P-MAS que fue uno de sus más férreos defensores, hoy lo trata de chantajista y oportunista.

3.

Juan Sosa, abogado ligado al cartismo, es el que asumió la defensa de Camilo Soares, a quien también ligan con el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes. Luego del escándalo de las cajas paralelas en la Municipalidad de Asunción, aparecieron unos audios donde se escucha a Soares decir que tiene directa relación con HC y que supuestamente retiró dinero que eran aportes del exmandatario para campañas de movimientos de izquierda así como también para llevar a Mario Ferreiro a la intendencia de Asunción.

victor.franco@abc.com.py

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