Dos diputados presos podrían perder sus bancas

Con el reinicio del periodo parlamentario, en este mes de marzo, la Cámara de Diputados tendrá que definir la situación de los diputados colorados abdistas Ulises Quintana y Miguel Jorge Cuevas, presos y acusados de graves hechos de corrupción pública, para quienes sus colegas en el caso del primero ya pidieron su expulsión y en el otro se anunció que se hará lo mismo.

El diputado Miguel Jorge Cuevas está siendo investigado por hechos de corrupción cometidos durante su administración como gobernador del departamento de Paraguarí.
El diputado Miguel Jorge Cuevas está siendo investigado por hechos de corrupción cometidos durante su administración como gobernador del departamento de Paraguarí.

En el caso del diputado Ulises Quintana, acusado y con pedido de juicio oral por lavado de dinero y asociación criminal relacionados con el narcotráfico, ya se presentó el año pasado un pedido de pérdida de investidura debido a que el legislador no se presentaba a la Cámara desde el 29 de noviembre cuando la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo dispuso su prisión en la cárcel militar de Viñas Cue.

Sin embargo, los diputados colorados no dieron quórum para que se trate ese pedido y el 19 de diciembre en la última sesión de Diputados, solo estuvieron en la sala 31 de ellos, sin ningún colorado, por lo que no se trató el tema que quedó pendiente para este mes de marzo cuando se retoman las actividades.

De esta manera, una vez más, la Cámara de Diputados blindó a uno de sus miembros como ya lo hizo a lo largo de dos años con otros a quienes la justicia requirió para someterlos a proceso. El mismo Miguel Cuevas cuando fue presidente de la Cámara Baja se pasó cajoneando pedidos de desafuero y blindando a sus colegas; ahora el diputado Pedro Alliana (ANR, cartista) sigue la misma línea para prestarse a maniobras que eviten el desafuero o pérdida de investidura de algunos diputados acusados por graves hechos de corrupción pública.

También ya se anunció que se pedirá la expulsión del diputado Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. El parlamentario desde el pasado 20 de febrero guarda reclusión en la Agrupación Especializada, por orden del juez penal de Garantías Yoan Paul López.

Cuevas fue imputado el 31 de julio del año pasado y su audiencia de imposición de medidas recién se pudo hacer el 20 de febrero, debido a que el parlamentario desde el mismo momento en que fue imputado comenzó a plagar de chicanas el proceso en su contra, para evitar ir preso.

Recién el 27 de agosto del año pasado, casi un mes después de ser imputado, la Cámara de Diputados con 55 votos decidió desaforar a Miguel Cuevas, quien al día siguiente de perder sus fueros ya presentó once chicanas para frenar su inminente prisión.

Después fue cambiando de abogados para ir aplazando sus llamados a declarar, hasta que finalmente ya no tuvo más opción que presentarse a la diligencia y fue enviado preso.

De zapatero a millonario

Miguel Cuevas era un conocido zapatero en la ciudad de Sapucái y al ingresar a la función pública comenzó a amasar una fortuna que lo llevó a convertirse en un importante ganadero del departamento de Paraguarí. Fue funcionario de Puertos, gobernador y ahora diputado.

Actualmente está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. El paso de Cuevas por la función pública también trajo una serie de denuncias en su contra por hechos de corrupción de los que salió librado gracias a sospechosos archivamientos que hicieron jueces del departamento de Paraguarí feudo del diputado abdista.

Sin embargo, en la primera causa que se tramitó en Asunción por corrupción ya se llegó a la imputación y el legislador por todos los medios trató de llevar el caso nuevamente a Paraguarí, para poder operar a su favor.

Ligado a Cucho

El otro diputado preso es Ulises Quintana, quien está ligado al presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, quien fue detenido en setiembre de 2018 en el marco del operativo Berilo, que desarticuló una banda de narcotráfico que operaba en el Alto Paraná.

La Senad realizó una investigación de varios meses con escuchas telefónicas y en varias de ellas se oyó a Quintana conversando con Cucho, para mediar y liberar US$ 190.000 que un grupo de policías incautó del poder del secretario de Cabaña y que según las investigaciones era dinero para comprar una carga de cocaína.

Al principio Ulises Quintana negó conocer a Cucho, luego dijo que solo conversó con el presunto narco en su carácter de abogado, pero cuando la fiscalía dio a conocer que tenía las llamadas grabadas y que el diputado se movía en una camioneta propiedad de Cabaña, el diputado no tuvo más que admitir que conocía al presunto narco. En las llamadas que tiene la fiscalía como pruebas también se comprobó que Cucho aportó dinero para la campaña que llevó a Ulises Quintana a la Cámara de Diputados. Todos estos elementos comprometen la situación del parlamentario y es por eso que se pidió su expulsión del Congreso.

Pedido de juicio oral y público

La situación procesal del diputado Ulises Quintana es la más grave ya que el Ministerio Público lo acusó por lavado de dinero y asociación criminal con vínculos con el narcotráfico y se pidió su juicio oral.

En este proceso están también acusadas otras 24 personas entre las que se encuentra el presunto narcotraficante Javier Cabaña, alias Cucho, pero debido a las chicanas que van presentando los otros procesados es que hasta el momento no se pudo fijar la fecha para la audiencia preliminar en la que se estudiará si el caso es elevado o no a juicio oral.

En caso de ser condenado en juicio, el diputado Ulises Quintana se expone a una pena muy elevada debido a los delitos de los que se le acusa.

victor.franco@abc.com.py

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