Directo a la estación de servicio fui a buscar mi garrafa cargada, pero la respuesta se repetía: “No tenemos”, con una sonrisa de lado a lado del encargado. Otros me decían directamente que “los empresarios están especulando” y hasta mentían, con el cuento “están vacías”. En fin, los que cocinamos a diario y no tenemos reservas de otras garrafas tenemos que padecer este tipo de falta de respeto.
En nuestras páginas leemos que Óscar Stark, ministro sustituto de Industria y Comercio, dijo en contacto con ABC Cardinal que el plazo de seis meses que decidió dar el Gobierno a las empresas fraccionadoras es para que éstas se pongan al día con el empadronamiento de las garrafas.
“Stark explicó que en 2005 se estableció la verificación de las garrafas para asegurar que las condiciones de seguridad sean las correctas”. Según dijo, “desde entonces hasta ahora las empresas se vienen aprovechando de la falta de control; sin embargo, ahora se están haciendo numerosas verificaciones que derivan en multas millonarias, es lo que molesta a los empresarios del rubro”.
Los empresarios, por su parte, señalan que el Gobierno está persiguiendo al sector privado con el único objetivo de potenciar a Petropar, que es una empresa estatal.
A los ciudadanos que estamos, no digo ajenos, pero que ya tenemos bastante con llegar vivos a fin de mes, sin ningún infarto, no nos pueden tirar esta pesada piedra de lucha de intereses con algo tan básico como el gas. ¿Volveremos al brasero? ¿Nos convertiremos en chefs de cocina eléctrica? Las garrafas de gas tienen que ser seguras y baratas, accesibles a los prójimos que día a día luchan para que sus familias cuenten con lo básico: la comida. Esto es inaudito, ¡una especulación absurda que debe terminar ya!