Con sus diminutos brazos y delgadas piernas irrumpía en las casas del vecindario con una canasta de chipá, tres veces por semana, tras haber caminado kilómetros todas las tardes. Antes de esta rutina había ayudado a su mamá a amasar y hornear.
Así creció, trabajando todos los días de sol a sol. No sabía lo que era el cansancio.
Pero era desafortunada en el amor.
Cada tanto aparecía con moretones, que trataba de ocultar bajo una crema y algún maquillaje. Siempre simulaba estar alegre, pero en el fondo de sus ojos se la veía triste. Jamás exteriorizaba lo que sentía. Era de muy poco hablar.
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Cuando la encontraron sin vida, degollada y apuñalada, envuelta en un edredón, bajo su cama en la casita que ella misma había levantado ladrillo por ladrillo, rápidamente todos sabían a quién apuntar. Los testigos y las evidencias lo corroboraron.
El desgraciado hasta se llevó un chachito lleno de monedas. Era su trofeo. Esas alcancías de barro que uno compra en Caacupé cada 8 de diciembre o en el Mercado 4 y alimenta durante el año para -una vez lleno- romperlo, y así darse algún gusto, o quizás tener el regalo para la mamá, el papá, el hermano, a fin de año. Es lo que hacía Clarita cada año, hasta que un desalmado le truncó la vida.
Su madre, Rulfrida, enfermó de pena y murió de tristeza poco tiempo después. Siempre quería encontrar al asesino de su hija para preguntarle: “¿por qué?”
La familia quedó destrozada y, siete años despúes, todavía no se recupera del dolor.
No pocas veces le pidieron dinero para “mover el caso”.
Ahora el acusado está preso en Emboscada -cayó hace un año en una barrera policial- pero ni la fiscalía, ni el juzgado notificó a los familiares. Ellos se enteraron a través del diario fortuitamente.
Ayer debía realizarse la audiencia preliminar para fijar fecha del juicio oral y público, pero se suspendió porque el reo “no fue notificado”.
De hecho, la familia ya no puede ser parte en la querella porque, al no haber sido informada a tiempo, ha quedado fuera del proceso. En manos de la fiscalía está el castigo por el horrendo crimen.
El juez Hugo Camé dijo que en la cárcel de Emboscada “no cuentan con teléfono, ni equipo de fax y no se pudo notificar al procesado”.
El director de Institutos Penales, Artermio Vera, replicó que “el presidio sí cuenta con una línea telefónica, pero que la comunicación se corta constantemente por problemas que él desconoce”.
¿Cuánta gente no ha sido víctima de los extorsionadores que llaman a diario de todas las cárceles del país a través de celulares? Mientras los presos cuentan con la última tecnología, los directores de nuestras cárceles no pueden comunicarse para cumplir su deber.
Una paradoja en el país de las maravillas. El mundo del revés para Clarita, una de las tantas víctimas fatales de la violencia doméstica, que, según Naciones Unidas, representa el 15% del total de homicidios en el mundo.
¿Es posible que la justicia dependa de un teléfono?
Que pidan prestado a los presos.