El texto, presentado el lunes ante la Asamblea de la República (Parlamento), estipula un aumento de la edad mínima para acceder de forma autónoma a las redes sociales de los 13 años actuales a los 16.
Por debajo de esa edad mínima, todos los menores necesitarían el consentimiento paterno.
La iniciativa propone imponer multas de hasta 2 millones de euros a las empresas propietarias de las plataformas sociales que no cumplan la ley.
"Se considera adecuado elevar la edad mínima del consentimiento de los menores en materia de protección de datos, harmonizando el límite con lo que está establecido en la mayoría de los países de la Unión Europea, así como con lo exigido en el ordenamiento jurídico nacional", plantea el PSD en el texto.
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Señala que la evolución de las tecnologías ha sido "exponencial" en los últimos años y su uso precoz "puede resultar inapropiado".
El borrador sugiere que las multas sean de 50.000 a 2 millones de euros, o hasta el 2 % del volumen de negocios anual a escala mundial, si una gran empresa incumple la norma; o de 20.000 euros a un millón, o hasta el 2 % del volumen de negocios anual mundial, si es una compañía pequeña o mediana.
Si se trata de personas, la sanción económica rondaría entre los 10.000 y 250.000 euros.
El texto justifica estas medidas al considerar que las plataformas y los prestadores de servicios digitales "son responsables de los daños, materiales o inmateriales, sufridos por la violación, sea por acción u omisión, de las reglas que impone esta ley".
En el proyecto, el PSD propone que la comprobación de la edad se realice a través de una clave digital "mediante autenticación simple o reforzada" e impulsar medidas para prevenir la adicción entre los menores de 16 años, como prohibir la reproducción automática, las notificaciones no esenciales y sistemas de creación de imágenes o vídeos falsos.
Algunos de los servicios que se verían afectados serían las plataformas de redes sociales, apuestas y juegos en línea, servicios para compartir imágenes y vídeos, y prestadores de servicios y contenidos adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad.
Quedarían excluidos los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales, entre otros.
Este proyecto coincide con el anuncio de España de que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en línea con otros gobiernos preocupados por los riesgos inherentes a las plataformas tecnológicas, entre ellos Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca.