En un comunicado difundido este miércoles, el organismo anunció el envío de "notificaciones de transparencia legalmente exigibles" a estas compañías, en las que se les requiere detallar cómo identifican, previenen y responden a prácticas como el engaño pederasta, el ciberacoso o la difusión de contenidos extremistas.
La principal responsable de eSafety, Julie Inman Grant, advirtió en el texto de que los videojuegos en línea no solo son espacios de ocio, sino también canales de socialización masiva para menores, lo que incrementa su vulnerabilidad.
"Lo que a menudo vemos es que, tras el contacto inicial en entornos de juego, los delincuentes trasladan a los menores a servicios de mensajería privada", señaló.
El regulador subraya que alrededor de 9 de cada 10 niños australianos de entre 8 y 17 años han participado en juegos en línea, lo que los convierte en un objetivo frecuente para adultos con intenciones delictivas o para grupos extremistas que buscan difundir propaganda violenta.
El comunicado también alerta de casos documentados en los que se han recreado contenidos de carácter terrorista o violento dentro de estas plataformas, incluyendo simulaciones de atentados, recreaciones de episodios históricos sensibles o la difusión de ideologías radicales mediante dinámicas de juego.
"Estas plataformas son utilizadas por millones de niños, por lo que es imperativo que adopten todas las medidas posibles para protegerlos", recalcó Inman Grant, quien añadió que las empresas "deben tomar medidas significativas para evitar que sus servicios se conviertan en puertas de entrada a abusos, violencia extremista o daños duraderos".
Esta iniciativa se suma a la reciente prohibición del uso de las principales redes sociales a menores de 16 años, adoptada por el impacto de los entornos digitales en la seguridad y el bienestar de los jóvenes.
La legislación australiana, en vigor desde el 10 de diciembre, ha situado al país a la vanguardia de la regulación digital al obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios bajo amenaza de multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros).