Estas tecnologías son utilizadas para reclutar personal, llevar a cabo labores de vigilancia, recopilar información de inteligencia, influir en la opinión pública o participar en conflictos, señaló el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Uso de Mercenarios.

En su nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los expertos subrayan que este uso de la tecnología dificulta la investigación de posibles abusos, al estar en manos de estructuras empresariales a menudo opacas e incluir numerosas operaciones transfronterizas y comunicaciones cifradas.

"La privatización de las funciones militares y de seguridad se produce cada vez más por medios digitales y tecnológicos, y los proveedores de estos servicios operan con ánimo de lucro de formas que ponen en cuestión los mecanismos existentes de supervisión y rendición de cuentas", alertaron.

En este sentido, el grupo de trabajo instó a las empresas tecnológicas, las compañías de ciberseguridad y otros actores implicados que garanticen que sus productos y servicios no se usen para actividades de vigilancia ilícita, campañas de desinformación o la selección autónoma y sin control humano de objetivos.

Agregaron que las nuevas tecnologías se utilizan cada vez más contra periodistas, defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, indígenas y otros colectivos, mediante campañas de reclutamiento o desinformación, entre otros métodos.

El grupo de trabajo está presidido por la relatora sudafricana Michelle Small y lo completan los expertos Ravindran Daniel (India), Joana de Deus Pereira (Portugal), Jovana Jezdimirovic (Serbia) y Andrés Macías (Colombia).