Es la principal conclusión del jurista comunitario encargado de analizar el primer asunto sobre IA generativa que llega al TJUE, a raíz de la demanda de la editora Like Company contra Google en Hungría, a quien acusa de utilizar sus artículos para entrenar Gemini y de reproducirlos y ponerlos a disposición del público a través del 'chatbot'.
Szpunar subrayó que el derecho de las editoriales protege la forma de expresión de las publicaciones y no los hechos que relatan, ya que su objetivo es proteger la inversión y no "otorgar a los editores un monopolio sobre la noticia en sí misma", según un comunicado de la corte con sede en Luxemburgo.
En su opinión, el derecho de reproducción, que cubre la copia de la publicación, se vulnera si el 'chatbot' accedió a ella de forma ilícita, por ejemplo, eludiendo un muro de pago, y si la respuesta reutiliza la expresión del texto hasta el punto de que el usuario "deja de tener necesidad de acceder a la publicación original".
Asimismo, el derecho de puesta a disposición del público de la editorial "se vulnera, por regla general, cuando la forma de expresión de la publicación de prensa en cuestión es sistemáticamente reconocible" en las respuestas del 'chatbot', hasta el punto de sustituir al original.
El proveedor es responsable de esos usos cuando son inherentes a su modelo de negocio o cuando, según el abogado, no ha establecido las medidas adecuadas "para contrarrestar dichos actos de forma creíble y eficaz".
Sobre el entrenamiento de los modelos, el abogado general propone declarar inadmisibles dos de las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal húngaro por hipotéticas, al no haber pruebas de que se usaran los artículos de Like Company y al no ser el entrenamiento un "uso en línea" de publicaciones de prensa.
No obstante, indicó que, por regla general, el entrenamiento de los modelos está permitido por la excepción de minería de textos y datos prevista en el derecho de la UE.
Según la demanda, los hechos se produjeron entre el 13 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.
Las conclusiones del abogado general no vinculan al TJUE, que dictará sentencia más adelante, aunque suelen orientar la decisión final del tribunal.