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El Ministerio Público de la Confederación anunció el pasado 27 de mayo que había abierto un proceso penal “contra desconocidos” por sospechas de gestión desleal y de lavado de dinero en relación con la elección de las sedes del Mundial de Fútbol de 2018 y 2022.
La investigación se abrió el 10 de marzo a petición de la propia FIFA y desde entonces la Fiscalía se ha incautado de 9 terabites de información y documentos tanto del organismo que rige el fútbol mundial como de diversas entidades bancarias, según especificó Lauber, que agregó que se están analizando hasta 104 transacciones financieras.