En concreto, el Constitucional declaró contrario a la Carta Magna de Francia una enmienda introducida en la ley de presupuestos para 2024 que preveía exonerar de diversos impuestos a las organizaciones deportivas internacionales que se instalaran en el país, así como a sus trabajadores.
Ese artículo entraba dentro de las negociaciones abiertas en 2018 entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de la FIFA, Gianni Infantino, para permitir a la lucrativa organización instalarse en la ciudad donde vio la luz en 1904.
Asentada desde 1932 en la ciudad suiza de Zúrich, la FIFA cuenta desde hace unos años con unos locales en la capital francesa, en un impresionante palacete situado en la plaza de la Concordia, recientemente renovado con fondos cataríes, país que en 2022 organizó el último Mundial.
La FIFA gestiona desde ese edificio algunas de sus actividades y tenía la intención de llevar el resto hasta la capital francesa, para lo que exigió algunas ventajas fiscales.
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El Constitucional considera que ese artículo de la ley de presupuestos, adoptada sin voto parlamentario, "no respeta el principio de igualdad ante los impuestos públicos" y, por tanto, es contrario a la Carta Magna.
Ese mismo principio de exoneración de impuestos sí se aplica en Francia a organizaciones internacionales como la Unesco o la OCDE, que están formadas por Estados, mientras que la FIFA lo constituyen Federaciones nacionales.
La enmienda había recibido duras críticas de la oposición, que consideraba que el Ejecutivo daba un regalo fiscal a una lucrativa organización.
La FIFA tuvo un volumen de negocios de 6,7 millones de euros en su ciclo 2019-2022.
En Zúrich se beneficia de un régimen especial que limita al 12 % el pago de impuestos, aunque según reveló pagó 22,7 millones de dólares en 2022, unos 20,5 millones de euros.