En su escrito de acusación, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso EFE, la fiscal sostiene que J.C.O.C. se aprovechó de la "posición de autoridad" que le proporcionaba el hecho de ser primer entrenador para "influir en el comportamiento de los niños y lograr que estos accedieran con mayor facilidad a sus designios".

Además, el ministerio público aduce en sus conclusiones provisionales que el acusado se aprovechó también de la "corta edad de los menores y su escaso grado de madurez para camuflar frente a ellos la ilicitud de su conducta y sus verdaderas intenciones".

De este modo, dice la fiscal, el entrenador consiguió que los menores "normalizaran los tocamientos abusivos y los vivieran como un juego", por lo que no adquirieron conciencia de la "gravedad y significación" de los hechos hasta años después.

A pesar de que en aquella época el club de fútbol en el que entrenaba el acusado tenía planes formativos de prevención y actuación frente al abuso sexual infantil y un protocolo que prohibía de manera expresa a los entrenadores acceder a los vestuarios de los menores mientras se duchaban y se cambiaban de ropa, aquél accedió "múltiples veces" a los mismos para observar "fijamente" a los niños mientras estaban desnudos.

Asimismo, haciendo creer a los menores que se trataba de un "juego", realizó tocamientos de manera continuada a las cinco víctimas: durante septiembre de 2014 y abril de 2015, sufrieron abusos sexuales dos menores de 9 años y otras tres de edades comprendidas entre los 10 y los 11 años en el momento de los hechos.

En uno de esos momentos, el presidente del club de fútbol abrió la puerta del vestuario y sorprendió al acusado, al cual hizo salir del inmediato e informó de que cesaba su colaboración con el club.

A continuación, informó de lo ocurrido tanto a la Federación Catalana de Fútbol, como a la Fundación Vicky Bernadet, como a los padres de los menores afectados y al resto de padres de menores a los que entrenaba el acusado en esa época.

Por estos hechos, la fiscal acusa al hombre de cinco delitos continuados de abuso sexual a menor de 13 años agravado por el prevalecimiento de relación de superioridad, por lo que solicita 28 años de prisión, así como la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros o a comunicarse por cualquier medio con las víctimas durante un periodo de 5 años superior al de la pena privativa de libertad que se le pueda imponer.

En concepto de responsabilidad por los daños morales causados, pide que se le imponga el pago de una indemnización de 10.000 euros a tres de los menores que sufrieron abusos y de 6.000 a los otros dos.

El acusado ya fue condenado con posterioridad, en octubre de 2020, por posesión de pornografía infantil, en una sentencia de la Audiencia de Barcelona que le impuso una pena de tres meses de prisión y otra de tres años y tres meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conllevase contacto directo y regular con menores de edad –la cual mantuvo su vigencia entre el 12/01/2021 y el 10/04/2024-.