Ambas partes se vieron este miércoles en la sala social de la Audiencia Nacional, por la denuncia de LaLiga al entender que los paros de 15 segundos convocados por el sindicato y hechos por los jugadores al inicio de los partidos de la novena jornada de LaLiga EA Sports, entre el 17 y el 20 de octubre, contra la celebración del Villarreal-Barcelona en Miami, luego cancelado, fueron una huelga ilegal.
El abogado de Laliga mantuvo que no fue un parón simbólico sino una huelga ilegal, porque no hubo comunicación de preaviso, fue inmediata y unilateral, convocada el 17 de octubre y con efectos en esa fecha, y expuso que AFE no tenía tiempo para hacer una huelga legal, porque no tenía 5 días ya que salían a la venta de las entradas.
"Los paros son seguidos por todos los equipos de Primera división. Conocen la importancia de los derechos audiovisuales para LaLiga que tiene hasta con 136 operadores, el segundo mercado es el de EEUU. Es una acción pensada, que causa un daño reputacional que asciende 8,7 millones", afirmó, antes de avalar estos datos con la testifical de una perito, basada en un análisis obre aspectos como número de publicaciones, alcance y negatividad del tono de las informaciones.
El representante de LaLiga aseguró que fue "una actuación quirúrgica perfecta, porque consiguieron el mismo efecto que con una huelga de 10 minutos". "Con su conocimiento y con la intención que hay detrás se pone de manifiesto que estamos ante una huelga. No es un conflicto colectivo sui géneris en el que no está en cuestión el derecho al que alude el sindicato, hay una cesación del trabajo y causa un perjuicio", afirmó.
AFE negó haber causado cualquier tipo de daño, aseguró que no se ha acreditado que se haya producido ninguna pérdida en los contratos audiovisuales de LaLiga por el gesto de los jugadores y consideró que el daño reputacional al que alude la patronal es consecuencia de la propia acción de esta y no de la de los futbolistas.
"El objeto de la protesta no es la oposición al partido sino una reclamación ante falta de información sobre el partido, con 10 segundos de quedar parados. Negamos cualquier tipo de daño, nos dicen que se les ha generado una presión, porque ha habido mucho repercusión mediática, pero eso no cualifica la acción como una huelga", señaló.
El letrado mantuvo que la acción de los jugadores encuentra amparo con derechos como el de la libertad de expresión, que también conecta con la libertad sindical y que no hubo alteración del régimen de trabajo, ya que los partidos se celebraron sin afectación", subrayó.
"AFE estuvo solicitando información y ante la inexistencia comunicó una acción simbólica. Fue con posterioridad a la protesta y la suspensión del partido cuando se ofrecen datos por parte de LaLiga, ¿por qué no se dio toda esa información antes?", se preguntó tras recordar que el presidente de AFE, David Aganzo, ya reclamó esa información en la junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) el 11 de agosto y que en 2018 ambas partes convinieron que si se materializaba un partido fuera de España se reunirían para abordarlo.
En su opinión, "por parte de LaLiga no solo no se atendió a la solicitud de información, sino que hubo una voluntad de engaño y de obstaculización de una buena relación". "Calificar de ilegal o ser huelga una protesta como sta tiene consecuencias en una sociedad democrática", apuntó antes de que la Fiscalía pidiera al juez la desestimación de la demanda.