La Fiscalía confirmó la apertura de una averiguación en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) con base en una denuncia y desarrollada con el apoyo de la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción de la Policía Judicial.
Las autoridades precisaron que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que, por el momento, no existen acusaciones ni personas formalmente imputadas.
Según la información adelantada este lunes por el diario Público y confirmada por la radiotelevisión pública RTP, las pesquisas se centran en supuestas interferencias en el proceso de designación de árbitros para encuentros de la recta final de la Liga portuguesa 2025-2026.
La denuncia sostiene que algunos colegiados habrían conocido con antelación sus nombramientos antes de su comunicación oficial y apunta a posibles contactos entre responsables del arbitraje y personas vinculadas al fútbol profesional.
Entre los episodios bajo investigación figuran las designaciones arbitrales para dos partidos del Estrela da Amadora en las últimas jornadas del campeonato.
La documentación remitida a la Policía Judicial menciona, entre otros, al árbitro Hélder Malheiro y al presidente del Consejo de Arbitraje de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Luciano Gonçalves, si bien las autoridades no han formulado acusación alguna contra ellos.
El caso tiene su origen en la dimisión, a finales de junio, de Duarte Gomes como director técnico nacional del arbitraje.
Tras conocer los motivos alegados por Gomes, la FPF remitió la información al Ministerio Público, mientras que el Consejo de Justicia de la Federación archivó posteriormente un expediente disciplinario contra Luciano Gonçalves al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar las supuestas interferencias en las designaciones arbitrales.
La investigación ha provocado las primeras reacciones en el fútbol portugués. El presidente del Oporto, André Villas-Boas, ha pedido la suspensión temporal de Luciano Gonçalves al frente del Consejo de Arbitraje hasta que se esclarezcan los hechos, al considerar que la medida contribuiría a proteger tanto a la institución como al propio dirigente.
Villas-Boas subrayó que no pretende anticipar conclusiones ni sustituir a la Justicia, pero solicitó una investigación "rápida, rigurosa y completa" y reclamó a la FPF que afronte el caso como un asunto que afecta a la confianza en la integridad de las competiciones.