En un comunicado conjunto, los sancionados acusan a la Subdelegación de un "desmesurado afán recaudador y represor de las libertades" y denuncian que la sanción "esté basada" en la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte

El comunicado señala que en la movilización de Mos, como en la de Monforte de Lemos o en las de distintas localidades de Galicia por donde discurrió la Vuelta, hubo protestas "de forma totalmente pacífica" en contra de la participación del equipo de Israel, por considerarla "una práctica de lavado de cara y de blanquear un crimen de lesa humanidad" contra la población palestina de Gaza.

Una reivindicación, recalcan, compartida "por una gran parte de la población gallega y estatal", que "fue en aumento hasta convertirse en un clamor popular" y a la que se sumaron "numerosas personas e incluso cargos de partidos de un amplio espectro ideológico, entre ellos, el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

La prueba ciclista se celebró "en plena operación de limpieza étnica de Israel contra la población palestina, en la que, como reconoce el propio gobierno israelí, se asesinaron 71.667 palestinos, de los que más del 75% eran mujeres y niños", añade la nota acerca de la incursión militar en Gaza.

Según el comunicado, la aplicación en estas sanciones de la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte "carece de toda lógica y criterio".

Añade que "supone una utilización perversa de la misma", ya que aplicarla a una protesta pacífica es "contraria a los objetivos para los que fue redactada: evitar la violencia y el racismo que tiene lugar en algunos ámbitos deportivos".

Los sancionados proclaman que no están "ante un caso de violencia en el deporte, sino de ciudadanía consciente" y opinan que las protestas "no nacieron del odio sino de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos".

Los firmantes aseguran que "no se ejerció violencia ni se fomentó la xenofobia, el racismo y la intolerancia, todo lo contrario, se protestó contra la xenofobia, el odio y la violencia extrema que ejerce el estado de Israel contra la población palestina".

Asimismo, consideran que las protestas "no pueden calificarse de participación activa en altercado, pelea o desórdenes públicos" y que "tampoco se produjeron daños materiales ni personales, tal como se reconoce en la propia sanción".

De igual forma, portar banderas de Palestina "no incita a la violencia ni al odio", apuntan, y señalan que se trata de un Estado reconocido por el Gobierno español por lo que es "jurídicamente insostenible" que la Administración pública considere "incitación a la violencia" la exhibición de símbolos de un "Estado amigo y reconocido diplomáticamente".

El comunicado está suscrito por las personas sancionadas, además de por organizaciones como Movemento Global para Gaza Galiza, Foro Galego de Inmigración, Galiza por Palestina, Adega, BDS Galiza o los sindicatos CIG y CGT Galicia, entre otras.