La inseguridad jurídica es una preocupación de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), cuyos asociados vienen debatiendo al respecto.
El presidente de la UIP, Enrique Duarte, conversó con ABC y señaló que dentro del gremio se viene abordando las consecuencias que acarrea dicho flagelo, por lo que fue uno de los puntos incluidos -junto con varias otras preocupaciones- en un documento que este gremio y otras asociaciones presentarán al Poder Ejecutivo, antes de fin de año.
Duarte advirtió particularmente sobre la inseguridad jurídica que se está observando en el ámbito municipal, la cual afecta incluso a inversiones extranjeras que, pese a haber logrado el permiso para operar, hoy enfrentan inconvenientes por razones que nada tienen que ver con el ámbito normativo, laboral ni con la seguridad ocupacional, sino que responden a cuestiones políticas, según dijo.
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UIP y la promoción al país
Como ejemplo, comentó el caso de la empresa boliviana “Preforte” -instalada en Luque-, a la que se está sometiendo a una situación totalmente “fuera de lugar”. Amplió que la compañía está siendo perjudicada por la “ilegalidad” incluso desde el sector judicial, pues las instituciones del Estado les están impidiendo que siga operando, mientras que otras industrias sí pueden hacerlo.
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El industrial recordó que desde la UIP “viven promocionando” al país para que desembarquen aquí más empresas. Pero con este tipo de situaciones que muestran la inseguridad jurídica, se contraresta todo tipo de promoción de la “marca país”.
En ese aspecto, manifestó que no importa de dónde provenga la industria extranjera, siempre que se trate de una estructura y un capital sólidos y transparentes. “No importa si llega de Europa, de Estados Unidos, Argentina, Brasil o Bolivia. Estamos promocionando para que se instalen y generen empleo en la República del Paraguay”, destacó.
Libre comercio en Paraguay
Aseguró que, dado que en Paraguay rige el libre comercio, no se puede permitir que sucedan este tipo de atropellos a una inversión, como se está dando con la de Preforte.
“Somos un país que tiene las mayores libertades para instalar una empresa y esto que ocurre juega en contra del tan preciado clima de negocios. La seguridad jurídica es fundamental para la inversión, porque el capital es como una golondrina: viene, se instala y, cuando se siente amenazado, se marcha”, expresó.
Mayor institucionalidad
Duarte fue categórico al asegurar que como país se debe buscar avanzar hacia una mayor institucionalidad, más aún ahora que se reciben desde el extranjero consultas sobre Paraguay, tras alcanzar el grado de inversión por parte de una calificadora de riesgos.
Contó que todas las semanas reciben a inversores que “están entusiasmados”, provenientes de la región, principalmente Brasil, pero también de India, Taiwán, Europa, Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.
Afirmó que las denuncias que realizan las empresas no son “buenas noticias” para el capital que desea llegar al país, por lo que sostuvo que “hay que perseguir la acción que genere inseguridad jurídica”.
En busca de un país “más serio”
Enrique Duarte aseveró que el gremio industrial que preside no estará distante ante este tipo de hechos y que reforzará el mandato de seguir trabajando para ser un país “cada vez más serio”. Eso, añadió, implica una participación no solo del Gobierno Central y del Poder Legislativo, sino de toda la administración del Estado, incluyendo al Poder Judicial y los gobiernos municipales.
Aclaró, asimismo, que la Unión Industrial Paraguaya no tiene ninguna agenda política y que el gremio trabaja todos los días de forma ordenada, por lo que espera que las decisiones que tomen las autoridades se basen en cuestiones técnicas, no partidarias.
“Cuando hablamos de una tarifa eléctrica, queremos una cuestión técnica, no política. Lo mismo ocurre con la inseguridad jurídica”, dijo, haciendo referencia a que se espra una respuesta técnica ante el flagelo que se está denunciando.
Añadió que el sector privado debe ocuparse de contratar mano de obra y generar crecimiento, mientras el Estado tiene un rol social pero también de hacer cumplir la ley, de manera justa e igual para todos. “A veces hay partes que corresponden al ámbito judicial, a la Fiscalía y otras al mundo político. Tampoco creemos que la política no sea necesaria. Nosotros (el sector privado) trabajamos y tratamos de generar empleo a través del desarrollo. Mientras que el Estado siempre tiene que cuidar y atender la parte social”, puntualizó.
Finalmente, aclaró que, si bien el sector privado acompaña cuestiones sociales, esa es una función específica de la administración del Estado, al igual que el control del contrabando y la protección a la propiedad privada.