Lo que debió ser un acto administrativo transparente para dar salida a materiales en desuso se convirtió en un nuevo foco de conflicto para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
La subasta pública de dos lotes de transformadores, por un valor total superior a los G. 1.000 millones, fue el blanco de graves denuncias que apuntan a un esquema de direccionamiento para beneficiar a empresas que estarían vinculadas entre sí.
El conflicto se originó tras la reactivación del proceso mediante la resolución PN: 51043, del 15 de octubre de 2025. Según los denunciantes, el llamado a precalificación omitió datos cruciales, como la fecha, hora y lugar del remate.
La situación estalló cuando 11 de las 14 empresas interesadas fueron descalificadas de forma arbitraria apenas 20 horas antes del evento, dejándolas sin derecho a la defensa ni posibilidad de presentar medidas judiciales.
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Durante el acto, captado en un video de 17 minutos por uno de los afectados, se observa un clima de alta tensión. Juan Silguero, representante de Asunción Soluciones Ambientales S.A., increpó a las autoridades presentes: “César Zena, direccionaste la subasta. ¿Cómo van a rematar un bien público a tres personas ligadas a la misma empresa?”.
La subasta propiamente dicha fue sorprendentemente breve. En un lapso de solo 2 minutos y 12 segundos, se adjudicaron los dos lotes, prácticamente al precio base, ante la falta de una competencia real.
El Lote N° 1, de 1.506 unidades, fue adjudicado a Ditrento S.A. por G. 944.500.000 (apenas superior a la base de G. 942,6 millones). En tanto que el Lote N° 2, de 80 unidades, fue adjudicado a OILS Trader SA por G. 75.000.000.
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Firmas habilitadas en licitación de la ANDE
Las firmas habilitadas —Ditrento Inversiones SA, Oltrade SA, RI SA y OILS Trader SA— estarían, según la denuncia, ligadas a un mismo entorno, hecho que anularía cualquier beneficio económico para el Estado paraguayo.
César Zena, director de Servicios Administrativos de la ANDE, defendió la legalidad del procedimiento y argumentó que las descalificaciones se basaron en incumplimientos técnicos y ambientales, así como en antecedentes de contratos anteriores que ya están bajo la lupa de la Fiscalía.
Por su parte, el titular de la ANDE, Félix Sosa, al ser consultado sobre las irregularidades, intentó tomar distancia alegando desconocer los pormenores. “No tengo los detalles, eso lo lleva la Dirección de Servicios Administrativos. Nuestra obligación es aclarar a todas las empresas que se sientan afectadas”, declaró, subrayando que el manejo de estos equipos debe ser riguroso debido a las normativas del Ministerio del Ambiente (MADES).