La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no solo es la “caja negra” de la política sino también un búnker de censura institucionalizada. La reciente implementación de la Circular SGP N.º 03/2026, que prohíbe a los funcionarios hablar con la prensa o difundir documentos, está provocando una fuerte reacción de gremios profesionales, quienes advierten que la entidad está instalando un régimen de terror administrativo para encubrir irregularidades.
Para Magdalena Riveros, secretaria general de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), la circular firmada por el exdiputado Mario Cáceres —quien percibe más de G. 71 millones mensuales en la binacional— no es un simple reglamento interno, sino un “decálogo para el oscurantismo informativo”.
Riveros señala que esta medida es una amenaza contundente al funcionariado y un reflejo de la política de restricción informativa que caracteriza al gobierno de Santiago Peña.
El doble discurso
La crítica de la SCP apunta directamente a la contradicción del Ejecutivo. Mientras Peña se jacta en foros internacionales de haber logrado el “grado de inversión” y firma compromisos a favor de la libertad de expresión, en la práctica permite que entes como la EBY operen como feudos privados.
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“Tenemos un país con aval internacional de grados de inversión, pero con una falta total de probidad en su relación con la ciudadanía”, fustigó Riveros.
La comunicadora cuestionó qué hechos de corrupción o qué niveles de despilfarro en salarios millonarios intenten ocultar la binacional al prohibir el contacto con los medios informativos.
Además, denunció que este esquema de “voz única” busca centralizar la narrativa oficial, imitando el modelo del MITIC, donde los ministerios deben esperar el “visto bueno” de un alto funcionario para declarar. Este control excesivo es, según Riveros, el síntoma de una gestión que teme al escrutinio público y que deja la comunicación en manos de operadores políticos en lugar de profesionales del área.
Un retroceso ilegal en DD.HH.
Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), su secretario general, Santiago Ortiz, calificó la medida como un retroceso que colisiona con los estándares internacionales de acceso a la información pública.
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Ortiz enfatizó que es grave la creación de mecanismos que dificulten el acceso a datos que no son confidenciales, sino de interés ciudadano. “En administraciones anteriores sí había ese acceso, por lo que esto representa un retroceso, y eso tiene un marco de irregularidad, porque no se podrían aceptar retrocesos en materia de derechos desde que está vigente la legislación”, explicó el titular del SPP.
Para el gremio, la decisión de la EBY, encabezada por Cáceres y secundada por los “guardianes del silencio” Eduardo Bado y Nancy Espínola (ambos con ingresos de G. 37 millones), busca amedrentar a los trabajadores para evitar el abordaje periodístico.
El clima de zozobra y miedo denunciado por los propios funcionarios es la prueba de que el amedrentamiento está surtiendo efecto. El temor a sumarios o despidos silenció a técnicos que antes aportaban análisis sobre la industria energética, el principal atractivo que Peña ofrece al mundo.